El alcalde de Chillán, Camilo Benavente Jiménez, fue formalizado por fraude al fisco en el denominado caso “Medialuna”, que implicó un perjuicio de más de 2 mil millones de pesos. La imputación se relaciona con la compra de un predio en el sector Schleyer, por el cual el municipio habría pagado un precio excesivo, sin contar con tasaciones previas adecuadas.
La fiscal de Chillán, Nadia Espinoza, detalló que Benavente, de militancia suspendida del PPD, actuó en contra del interés público al adquirir el inmueble conocido como Medialuna de Chillán. La transacción con la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno alcanzó los 3.276 millones 160 mil pesos, generando una pérdida para el patrimonio municipal y fiscal de 1.900 millones de pesos, al no utilizar una tasación fidedigna.
Según la fiscalía, el 9 de noviembre de 2021 el Concejo Municipal aprobó la suscripción de los contratos de promesa y compraventa por el monto antes mencionado. Sin embargo, las tres tasaciones ordenadas por el municipio se realizaron recién un mes después de esta aprobación.
“A nuestro entender, este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó la persecutora, añadiendo que el precio cancelado es “casi el doble del precio en que debió haberse negociado”.
Un segundo hecho imputado corresponde al acuerdo del alcalde Benavente de restituir a la sociedad vendedora elementos como graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres y ventanales. Esta información habría sido omitida al Concejo Municipal durante la aprobación de la compraventa.
“Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos”, añadió la fiscal Espinoza.
La audiencia de formalización fue suspendida por la magistrada del Juzgado de Garantía de Chillán, Claudia Madsen Venegas, y se reanudará el lunes a las 8:00 horas para resolver las medidas cautelares. La Fiscalía ha solicitado arresto domiciliario total para el alcalde, junto con la prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de contactarse con funcionarios municipales.
La fiscal Espinoza justificó estas medidas para “garantizar los fines del procedimiento, puesto que hay diligencias pendientes que son necesarias de evaluar, y también nos hemos enterado de ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación”.
