Juan Aliste Vega falleció el domingo 11 de octubre en el Hospital Penitenciario de Santiago, seis días después de presentar una solicitud de indulto humanitario que generó un intenso debate político. Su petición, entregada al Ministerio de Justicia el 5 de octubre, no recibió una resolución antes de su muerte, a pesar de la urgencia solicitada por su defensa.
El caso de Aliste Vega provocó un quiebre dentro de Republicanosc, partido fundado por José Antonio Kast. La solicitud de indulto encontró un inesperado respaldo en algunos sectores del partido, mientras que otros rechazaron utilizar un criterio humanitario que pudiera extenderse a condenados por crímenes de lesa humanidad. Esta situación llevó a la renuncia de Macarena Santelices del partido y a críticas desde la izquierda, como las del exministro Jaime Gajardo, quien calificó el apoyo republicano de “inmoral”.
La defensa de Aliste, liderada por el abogado Ricardo Bravo Cornejo, negó cualquier instrumentalización del caso. Aseguró que nunca recibieron información clara sobre el estado del expediente. Bravo Cornejo indicó que solicitó expresamente urgencia, considerando los antecedentes médicos disponibles como suficientes para una evaluación prioritaria, pero no hubo requerimientos formales de información adicional.
Kast, quien como candidato había prometido evaluar indultos y como presidente defendió el análisis individual caso a caso, se enfrenta ahora a una encrucijada. Su partido mantiene el apoyo a medidas transversales y grupos libertarios presionan por acelerar las respuestas, mientras que otras voces cuestionan equiparar delitos comunes con violaciones a los derechos humanos.
Aliste Vega, de 53 años, padecía cáncer terminal. Cumplía penas que sumaban 42 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, el homicidio frustrado de otro carabinero y dos asaltos bancarios. En su carta, Aliste reconoció la gravedad de sus condenas y el sufrimiento de las víctimas, pidiendo recibir cuidados en casa junto a su familia.
Fuentes del Gobierno indicaron que, al momento de su fallecimiento, Gendarmería estaba reuniendo los informes de conducta, psicológicos y médicos para la evaluación, y esta documentación aún no había llegado al ministro Fernando Rabat para su revisión. Rabat había señalado el 7 de octubre que no había decisiones adoptadas y que se seguía la tramitación habitual.
Según Bravo Cornejo, el indulto fue una última alternativa ante el deterioro de la salud de Aliste y la lentitud de los tribunales. El exmiembro del movimiento Lautaro prefería una solución judicial. De hecho, el 7° Juzgado de Garantía había adelantado al 26 de octubre una audiencia para revisar el cumplimiento de la condena, inicialmente prevista para el 17 de noviembre. Aliste falleció quince días antes de esa fecha.
“Si hubiéramos logrado judicialmente la solicitud que estábamos impulsando, habríamos retirado el indulto, porque siempre entendimos que la solución debía provenir de los tribunales y no de una herramienta política o discrecional”, explicó Bravo Cornejo.
La ley no establece un plazo fijo para la pronunciación del presidente sobre una solicitud de indulto. El caso de Aliste Vega cierra su expediente, pe
