El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, aclaró sus recientes declaraciones sobre el estallido social y su posible vínculo con la llegada del crimen organizado transnacional. Esta aclaración surge luego de que una abogada de derechos humanos presentara un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), poniendo en duda la imparcialidad del persecutor en investigaciones relacionadas con violencia policial.
Consultado por este medio, Barros enfatizó que su intención no fue atribuir el arribo de organizaciones criminales extranjeras al estallido social, sino establecer una relación cronológica entre ambos fenómenos. Asimismo, defendió la labor de la Fiscalía Metropolitana Sur en las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019.
La controversia se originó tras una entrevista en Radio Universo, donde el fiscal Barros afirmó que “post estallido aparece la criminalidad transnacional”. En la misma ocasión, sugirió que los cuestionamientos dirigidos a Carabineros durante las manifestaciones podrían haber generado una inhibición en los funcionarios para ejercer sus atribuciones. Estas declaraciones motivaron a la abogada Karinna Fernández, representante de víctimas de violencia policial, a presentar una comunicación ante la CIDH, solicitando explicaciones al Estado chileno y objetando la imparcialidad del fiscal.
Frente a la polémica, Barros explicó que sus comentarios fueron parte de una conversación más extensa sobre la evolución de la criminalidad y los recientes homicidios de dos carabineros. “Fui consultado sobre varias materias frente a este fenómeno. Entre ellos se abordó lo referente a los homicidios de dos carabineros registrados en las últimas semanas”, detalló a este medio.
En este contexto, el fiscal indicó que parte de la discusión se centró en las condiciones actuales en que los policías enfrentan sus procedimientos. “En ese contexto, se expuso la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en el actuar con que enfrentan los procedimientos policiales a los que acuden, lo que pudo verse afectado, entre otros factores, por los cuestionamientos que Carabineros recibió durante el estallido social”, sostuvo.
No obstante, el fiscal hizo una importante distinción respecto a la expansión de las organizaciones criminales extranjeras en el país:
“En lo referente al fortalecimiento del crimen organizado transnacional, en innumerables oportunidades se ha hecho referencia a que su instalación en Chile es posterior al estallido social a nivel cronológico, no a causa del estallido social”.
Barros añadió que este fenómeno de instalación se produjo “durante la pandemia principalmente debido a la crisis migratoria y por razones multifactoriales”. Con esto, el fiscal mantuvo su postura sobre los efectos del cuestionamiento público en la actuación policial, pero desvinculó el estallido social del origen del crimen organizado transnacional en Chile.
Finalmente, Barros abordó las críticas de Fernández, quien argumentó que sus declaraciones siembran dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía Metropolitana Sur en las investigaciones por violencia institucional. La abogada solicitó a la CIDH requerir antecedentes sobre los resultados de estas investigaciones, incluyendo decisiones de archivo y de no perseverar. Frente a ello, Barros defendió el trabajo desarrollado.
