La Ley de Incendios avanza hacia su definición en el Congreso Nacional, luego de que la Comisión Mixta despachara el informe final que será votado por la Cámara de Diputados y el Senado. Tras tres semanas de espera por la propuesta del Ejecutivo, la instancia logró resolver los puntos clave del proyecto.
Uno de los acuerdos unánimes fue el procedimiento simplificado para delimitar las zonas de interfaz urbano-rural en los planes reguladores comunales. Este punto recibió el respaldo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y fue aprobado sin objeciones.
Sin embargo, un inciso relevante fue rechazado y suprimido por 5 votos a favor y 3 en contra: la obligación del Estado de indemnizar a los propietarios de terrenos en estas zonas de interfaz donde la realización de cortafuegos será mandatoria. Pese a esto, el Gobierno manifestó su disposición a crear un fondo de apoyo para compensar por estos terrenos, iniciativa valorada por la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Alejandra Sepúlveda. “El ministro lo que planteó es la posibilidad de la creación de un fondo de apoyo para precisamente ese sector interfaz urbano-rural y nosotros esperamos que eso ocurra o en un veto o la posibilidad de que exista otra alternativa legislativa”, declaró Sepúlveda.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, celebró la eliminación de la indemnización, afirmando que “hoy no podemos estar haciendo del cortafuego un negocio”. No obstante, lamentó la tardanza del proyecto, que lleva más de tres años en el Congreso.
Una serie de indicaciones presentadas por el Gobierno fueron declaradas inadmisibles por la secretaría técnica, ya que no se ajustaban al ámbito de discusión de la Comisión Mixta ni contaban con la unanimidad requerida para modificar otros artículos del texto. Entre estas propuestas se incluía la creación de un registro de zonas de interfaz para eximir a propietarios de terrenos ocupados ilegalmente de la responsabilidad de cortafuegos, así como la autorización del uso controlado de fuego para eliminar desechos vegetales con fines de cortafuegos, previa aprobación de la Delegación Presidencial Regional y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
El Gobierno también buscaba añadir dos títulos a la ley para normar el combate de emergencias, estableciendo un marco común de seguridad para aeronaves y designando a un coordinador aéreo por incendio, además de regular la cooperación público-privada en estas labores. El Ministerio de Agricultura evalúa cómo integrar estos artículos, sin descartar un veto aditivo o una nueva ley sobre combate de incendios, dado que el proyecto actual se centra en la prevención.
Se espera que el informe de la Comisión Mixta sea votado en ambas cámaras la próxima semana legislativa, a partir del 19 de octubre. Sin embargo, parlamentarios y asesores advierten que, incluso con un trámite expedito, la ley no podrá entrar en vigencia para la próxima temporada de incendios forestales, debido a la necesidad de elaborar los reglamentos correspondientes.
