El Gobierno incorporó una nueva cláusula en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que busca intensificar el uso de datos personales. Esta medida tiene como objetivo fiscalizar la entrega de beneficios financiados por el Estado, generando interrogantes sobre los límites del tratamiento de la información.
La disposición se encuentra presente en 27 de las 33 partidas presupuestarias, abarcando ministerios clave como Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social, además de Justicia, Seguridad Pública y los gobiernos regionales.
El objetivo principal es permitir que las instituciones puedan contrastar los antecedentes de quienes solicitan prestaciones estatales. Con esto se busca verificar el cumplimiento de requisitos y detectar eventuales irregularidades en la asignación de recursos públicos.
Según la nueva cláusula, al solicitar un beneficio financiado con fondos públicos, los postulantes «han facultado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado». Esto se realizará de acuerdo con la normativa vigente y dentro de las competencias de cada entidad.
Es importante destacar que esta disposición aplica tanto a quienes reciben efectivamente un beneficio como a quienes solamente postulan, incluso si no resultan seleccionados. Sin embargo, esto no implica un acceso irrestricto a la información, ya que las restricciones legales sobre datos personales siguen vigentes.
Esta iniciativa se alinea con los anuncios del presidente José Antonio Kast durante la presentación del Presupuesto 2027. En su cadena nacional del 30 de septiembre, el mandatario afirmó:
“El Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde”.
El Ejecutivo busca aprovechar los datos existentes en diversas instituciones públicas para cotejar la información entregada por los solicitantes, sin modificar los requisitos ni los montos de los beneficios ya establecidos por ley.
A pesar de su finalidad fiscalizadora, la redacción de la cláusula genera dudas sobre varios aspectos. No se especifica el tiempo de conservación de los antecedentes de los postulantes, qué sucederá con la información de quienes no obtengan el beneficio, ni cómo se informará a las personas sobre el uso de sus datos. Además, no se identifican los registros específicos a cruzar ni se excluye explícitamente información sensible, como antecedentes médicos, que gozan de protecciones legales especiales.
Una interrogante jurídica adicional es si la simple solicitud de un beneficio es una autorización suficiente para el tratamiento de ciertos tipos de información, o si se requiere una habilitación legal más específica. Esta discusión se da en el contexto de la implementación de la Ley 21.719, que establece nuevas exigencias para la protección de datos personales.
Cabe señalar que esta redacción no aparecía en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos 2026. Su incorporación en el Presupuesto 2027 será un punto central en la tramitación legislativa en el Congreso, donde los parlamentarios podrán solicitar aclaraciones o proponer modificaciones.
