El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un recorte real de cerca de $28 mil millones para el Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocido como Ley Ricarte Soto. Esta disminución representa aproximadamente un 14% menos de los recursos asignados para el año en curso.
Esta reducción se produce en un contexto donde, de forma paralela, el Congreso debate una iniciativa legislativa para incrementar el financiamiento permanente destinado a los tratamientos de alto costo cubiertos por la misma ley.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el fondo asociado a la Ley Ricarte Soto pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027. Aunque la diferencia nominal es de $22.745 millones, al ajustar por la inflación, la merma real asciende a cerca de $28 mil millones.
La Ley Ricarte Soto fue establecida para ofrecer protección financiera frente a diagnósticos y tratamientos de alto costo, con su cobertura definida por decreto y que abarca prestaciones garantizadas para diversos problemas de salud específicos.
El proyecto plantea elevar el aporte fiscal anual permanente al fondo desde los actuales $100 mil millones hasta $185 mil millones, es decir, un aumento de $85 mil millones respecto del monto establecido actualmente.
La reforma en discusión en el Congreso no solo busca aumentar el aporte fiscal permanente de $100 mil millones a $185 mil millones, sino que también propone elevar del 80% al 90% el límite de recursos que pueden comprometerse respecto al costo anual esperado del fondo. Además, plantea establecer mecanismos para la actualización de precios de los tratamientos y fortalecer la vigilancia sobre su seguridad y efectividad.
Otro aspecto de la reforma apunta a mejorar la transición de tratamientos entre la Ley Ricarte Soto y el sistema GES, estableciendo reglas más claras para cuando una prestación deje de cumplir los requisitos para su permanencia en el sistema de alto costo.
Es importante destacar que los $185 mil millones propuestos como aporte fiscal permanente son parte de una modificación legal en tramitación y no se suman automáticamente al Presupuesto 2027. Así, mientras el proyecto presupuestario para 2027 recorta fondos para la Ley Ricarte Soto, la reforma busca robustecer su financiamiento a largo plazo, generando una tensión entre las proyecciones económicas y las necesidades de salud.
