Un recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema busca dejar sin efecto la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra el médico colombiano Samir Enrique Rivaldo Hernández.
El fallo, pronunciado el 31 de agosto pasado, condenó al profesional a penas que, sumadas, alcanzan 21 años y un día de cárcel efectiva, además de multas superiores a $2.600 millones y una indemnización solidaria al Fisco cercana a los $13 mil millones.
Hernández fue condenado por fraude reiterado de subvenciones, emisión de licencias médicas falsas, asociación ilícita, en calidad de jefe, y lavado de activos, tras un juicio oral que se extendió durante 122 jornadas.
Defensa objeta el uso de IA en fallo
Sin embargo, la defensa sostiene que la sentencia de 456 mil páginas, que están en 308 tomos y redactada por la jueza Grace Díaz Salvo, fue dictada con infracciones graves al debido proceso. Entre sus alegaciones, afirma que la parte medular del fallo fue elaborada a partir de herramientas de inteligencia artificial y transcripciones automáticas no revisadas por los jueces, ya que cambiaron palabras y conceptos.
La presentación no plantea solo errores aislados. El recurso busca acreditar que la valoración de la prueba contenida en el tomo 308 reproduce equivocaciones de audición, datos inexistentes y contradicciones que, a juicio de la defensa, son incompatibles con una revisión judicial directa de las audiencias y los antecedentes incorporados al juicio.
Los errores que la defensa atribuye a transcripciones automáticas
Uno de los ejemplos expuestos corresponde a la declaración del acusado. Según el recurso, al individualizar a médicos con los que habría trabajado, una transcripción automática habría consignado nombres erróneos como “Garza Garay”, “Venezuela” y “Eduardo”, en vez de Yarzagaray, Verenzuela y Libardo.
El fallo, según acusa la defensa, habría replicado esos mismos errores en la valoración de la declaración. Incluso, uno de los apellidos habría mutado a “Valenzuela”, pese a que esa persona no figura en ninguna parte de la causa vinculada a los hechos.
La nulidad también cuestiona que la sentencia haya afirmado que Hernández “reconoció” participación en una sociedad denominada Provimedc y operaciones de compra de divisas. La defensa sostiene que, en la reseña de su declaración incorporada en otro tomo de la propia sentencia, el médico negó expresamente ser socio o dueño de esa empresa y controvirtió los montos atribuidos.
Otro punto se refiere a la cantidad de licencias emitidas entre el 3 y 4 de enero de 2022. El fallo consignaría dos cifras distintas —290 y 321— y aludiría a una “jornada continua de veinticinco horas”. Para los abogados, esa afirmación no aparece en la prueba rendida y tampoco coincide con los horarios descritos por la misma sentencia.
El escrito incluye además cuestionamientos al comiso decretado por el tribunal. La defensa asegura que los números de cuenta y montos leídos en audiencia fueron deformados por una transcripción automática, con ceros omitidos, puntos agregados e inversiones de dígitos, errores que luego habrían quedado plasmados en la decisión judicial.
La tesis central es que el tribunal habría delegado una parte esencial de su función: la valoración de la prueba. La defensa afirma que los tres tomos finales del fallo contienen cerca de 940 mil palabras y que su elaboración en el plazo transcurrido entre los alegatos de clausura y la lectura de sentencia hace imposible una revisión personal y razonada de todo ello.
