La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó este martes la solicitud de desafuero contra el senador de Aysén, Miguel Ángel Calisto. La acción judicial fue presentada por el Ministerio Público, que investiga al legislador por un presunto fraude al fisco debido al supuesto mal uso de asignaciones parlamentarias durante su periodo como diputado. Calisto, desde el Congreso Nacional, se declaró inocente y anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema.
El senador expresó estar “muy tranquilo” y reafirmó su intención de agotar todas las vías legales disponibles. “Vamos a recurrir a todas las instancias que la ley nos entrega y la Constitución garantiza respecto a un debido proceso”, sostuvo Calisto, haciendo hincapié en su derecho a la defensa. Además, informó sobre un requerimiento presentado ante la Corte Suprema, solicitando un amparo para la revisión de la investigación y la totalidad de los antecedentes.
En un punto de prensa, Calisto aclaró que el desafuero “no es una condena, en ningún caso”, sino “una instancia, donde se nos permite presentar nuestros argumentos de la defensa”. Cuestionó la baja exigencia legal para un desafuero, indicando que “solo existiendo algunos antecedentes, indicios, dice la ley, podrían incurrir a un desafuero”.
El legislador calificó la investigación del Ministerio Público como “injusta”, alegando que se originó a partir de una “acusación falsa y anónima” a la que la Fiscalía ha dado crédito, intentando “configurar antecedentes para poder acusarme” durante siete años. Calisto concluyó manifestando tranquilidad, basándose en la declaración del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que explícitamente confirmó que la funcionaria involucrada “todos los meses entregó su reporte de actividades, todos los meses entregó su boleta y todos los meses cumplió con sus funciones”, siendo dicho órgano el responsable de determinar la labor de los funcionarios.
