La Universidad de Cornell designó a Sally Yates, ex alta fiscal de Estados Unidos, para liderar una investigación independiente sobre el manejo de una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024. Este caso, que involucra a una estudiante presuntamente agredida por siete miembros de una fraternidad, ha generado fuerte indignación a nivel nacional y cuestionamientos hacia la institución.
La universidad se ha visto bajo escrutinio por la falta de severidad en las sanciones a los involucrados. Una demanda presentada el mes pasado detalló la agresión, donde la denunciante, identificada como Jane Doe, afirmó haber sido «presionada (…) para esnifar» ketamina antes de ser violada.
Yates, quien fue vicefiscal general de Estados Unidos entre 2015 y 2017 y dirigió brevemente el Departamento de Justicia, llevará a cabo una «revisión minuciosa» de cómo Cornell respondió a las acusaciones. Tras las denuncias iniciales en 2024, la universidad cerró la fraternidad Chi Phi y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados, de los cuales dos fueron expulsados posteriormente.
Sin embargo, la respuesta de Cornell fue considerada demasiado indulgente por los críticos, lo que llevó a la decisión de encargar esta revisión externa.
«Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás», declaró Anne Meinig Smalling, presidenta del consejo de administración de la universidad.
La autoridad universitaria enfatizó la importancia de entender no solo lo ocurrido en 2024, sino también cómo la institución puede «convertirse en un referente en la prevención de la violencia sexual, en el apoyo a quienes denuncian y en las respuestas a las denuncias de manera rigurosa, justa y empática».
El lunes pasado, miles de estudiantes y miembros del profesorado se congregaron en el campus de Cornell, portando pancartas con mensajes como «Que rindan cuentas» y «Protejan a las sobrevivientes», para demandar justicia por la estudiante.
Paralelamente, la investigación penal sobre la presunta violación grupal fue reabierta la semana pasada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombró a la fiscal general del estado, Letitia James, para dirigir el caso. Esta reapertura se produce luego de que, en 2024, las autoridades locales no presentaran cargos al considerar que el testimonio de la denunciante no evidenciaba falta de consentimiento.
Este incidente resalta un problema más amplio en las universidades estadounidenses: un estudio de 2020 de la Asociación de Universidades Americanas, que abarcó 33 instituciones, reveló que una de cada cuatro estudiantes universitarias de grado reportó haber sufrido contacto sexual forzado o sin consentimiento.
