La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 integrantes de la primera célula con presencia en Chile del Primer Comando de la Capital (PCC). Esta organización criminal brasileña es reconocida como una de las más poderosas del continente, con operaciones en diversas naciones.
La audiencia de formalización se extendió desde el pasado jueves hasta este domingo. Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico. En el procedimiento participaron el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; el fiscal jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez; y el fiscal Yans Escobar.
Como resultado de la audiencia, nueve de los formalizados quedaron en prisión preventiva. Estos se suman a otros 10 que ya estaban privados de libertad por medidas cautelares o condenas previas por distintos delitos. De este modo, la totalidad de los 19 integrantes de la presunta célula del PCC bajo investigación en Chile se encuentran actualmente recluidos en diferentes centros penitenciarios del país.
La Fiscalía Metropolitana Sur explicó que, aunque inicialmente se detuvo a 21 imputados, la formalización por pertenencia al PCC abarcó a 19. Uno de ellos fue formalizado solo por tráfico de drogas, sin vínculo directo con la organización en esta etapa. Otro imputado, ya en prisión, no fue trasladado a la audiencia y su formalización quedó pendiente.
El PCC es una de las organizaciones criminales transnacionales más influyentes en Sudamérica, con una notoria presencia en el sistema penitenciario. La Fiscalía detalló que la estructura participa en múltiples mercados ilícitos, denominados “sintonías”, incluyendo el contrabando y el tráfico de drogas. También se le asocia con homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación.
La organización opera bajo un modelo interno estricto, que incluye estatutos, procesos de “bautismo”, fichas de miembros, adoctrinamiento y catastros. Toda esta información se registra en el “Libro blanco”. Además, existe un “Libro negro” que lista a antiguos integrantes, contra quienes incluso se pueden dictar órdenes de muerte.
La investigación en Chile, a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), se inició gracias a la cooperación internacional. Se recibieron antecedentes de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que alertaban sobre la presencia de miembros del PCC en territorio chileno.
Durante la formalización, el Ministerio Público presentó diversas evidencias para demostrar la operación de la organización en el país. Además de los cargos por asociación criminal y narcotráfico, algunos imputados fueron formalizados por infracciones a la Ley de Armas y tráfico de drogas. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, buscando esclarecer la extensión y el impacto de esta inédita presencia criminal en Chile.
