Decenas de miles de personas se movilizaron este sábado en España para exigir un mejor acceso a la vivienda, en una jornada con más de 50 convocatorias en todo el país. La manifestación central en Madrid reunió a unas 70.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, mientras que los organizadores cifraron la asistencia en más de 500.000.
Las movilizaciones, impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, se producen en un contexto de rechazo a decretos sobre vivienda en el Congreso y el período de reflexión que ha iniciado el presidente Pedro Sánchez para decidir sobre un posible adelanto electoral.
En Madrid, la Plaza de Cibeles se llenó de manifestantes que confluían desde cuatro puntos diferentes de la ciudad. La marcha madrileña, que portaba una pancarta con el lema “Hacia la huelga general”, demandaba una rebaja del 50% en los alquileres, la implementación de contratos indefinidos y la expropiación de inmuebles en manos de fondos buitres.
“Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él”
Así lo expresó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien también destacó el rol de Maricarmen, una anciana que tras ser desahuciada el 23 de septiembre, y gracias a la presión social, podrá regresar a su hogar, sirviendo de “chispa” para estas protestas. En Valencia, la jornada estuvo marcada por incidentes al final del recorrido, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria.
En contraste, las manifestaciones programadas para Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat fueron suspendidas por las condiciones meteorológicas adversas. El Sindicat de Llogateres comunicó que la protesta se pospondría para el lunes 5 de octubre debido a las fuertes lluvias esperadas.
Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la patronal española CEOE, manifestó su respeto por las protestas, pero advirtió que su organización actuaría legalmente si se llegara a convocar una huelga general, considerándola “ilegal”.
