Argentina implementará un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros obtener la nacionalidad argentina. La iniciativa, anunciada en París durante la Argentina Week, busca atraer capitales y se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional del país, según indicaron las autoridades.
El programa, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contempla dos modalidades de inversión. Los solicitantes principales podrán realizar un aporte directo no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o adquirir un título público específico del programa por 800.000 dólares.
La opción de ciudadanía se extenderá también a los familiares directos. Los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años, sin descendencia propia, deberán contribuir con 100.000 dólares. Para los hijos menores de 18 años, el requisito será de 25.000 dólares.
El proceso de aplicación, que se abrirá en el cuarto trimestre de 2026, incluirá una evaluación rigurosa. Esta etapa busca “preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”, según un comunicado oficial del Ministerio de Economía.
Las verificaciones abarcarán la identidad de los solicitantes, la legalidad del origen de los fondos, análisis financieros y patrimoniales, riesgo jurisdiccional, antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de cada individuo.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión estará a cargo de esta evaluación, con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. La recomendación final de la agencia será elevada a la Dirección Nacional de Migraciones, quien decidirá sobre la aprobación o rechazo de cada solicitud.
El Gobierno ha enfatizado que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal, cumpliendo con los estándares internacionales de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia financiera, en línea con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los ingresos generados por este programa se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”, informaron las autoridades, buscando mejorar la estabilidad económica del país a largo plazo.
