Chile respaldó una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) que demanda al régimen de Nicaragua el cese de sus “acciones antidemocráticas”. La decisión se tomó durante la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada este viernes en Washington D.C., donde el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, representó al país.
La reunión se centró exclusivamente en la situación política de Nicaragua. En este marco, se adoptó por consenso la resolución que exige al gobierno nicaragüense detener las acciones que han llevado al “continuo desmantelamiento de la democracia en ese país”.
El documento aprobado por la OEA, y apoyado por Chile, insta a las autoridades de Nicaragua a garantizar el respeto pleno de las libertades y derechos ciudadanos. Entre los puntos clave, la resolución pide la liberación de los presos políticos, la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella, el restablecimiento de la libertad de expresión, y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
“Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática”, afirmó el subsecretario Torres durante su intervención.
Torres añadió que “Chile estará disponible para contribuir a ese esfuerzo, convencido de que una solución democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional es el camino para el reencuentro de Nicaragua con nuestra comunidad hemisférica”.
Como parte de la resolución, se estableció un Grupo Ministerial de Seguimiento. Este grupo tendrá la tarea de dialogar con las autoridades y la sociedad civil nicaragüense para supervisar la implementación de acciones concretas que conduzcan al pleno restablecimiento del sistema democrático, con un plazo de 60 días para presentar un informe a la instancia.
Durante la sesión, la relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, también intervino, destacando el grave deterioro democrático en el país centroamericano y expresando su apoyo a la resolución aprobada.
