Un total de 35 notarios, conservadores y archiveros con más de 75 años dejarán sus cargos este viernes 2 de octubre. Esta medida es uno de los principales efectos de la reforma al sistema notarial y registral, que establece un límite de edad para el ejercicio de estas funciones.
Los funcionarios que se retiran tienen, en promedio, 81 años y cesarán sus actividades en virtud del artículo segundo transitorio de la Ley 21.772. Los decretos que formalizan sus salidas ya fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva.
Entre los nombres destacados en el listado se encuentra el conservador de Santiago, Luis Maldonado, de 81 años, quien ha liderado una ofensiva judicial para intentar revertir su salida. También figuran el conservador de Los Andes, Alfonso Barrientos (96 años); la conservadora de Coquimbo, Cesira Figari (88); el notario Juan Facuse (85); y el conservador de Valparaíso, Ricardo Valderrama (84).
La partida de estos 35 funcionarios no implica que los oficios queden sin atención. La normativa prevé que sean reemplazados por interinos mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos para seleccionar a los nuevos titulares. En diversas regiones ya se están emitiendo los decretos que fijan el orden de prelación para estas subrogaciones.
El caso del Conservador de Santiago presenta una particularidad: la ley estableció un mecanismo especial que indica que, ante la ausencia de un titular, este será reemplazado por los otros conservadores según su antigüedad. Así, Carlos Miranda asumirá los tres oficios de Santiago, considerando que Kamel Saquel ya no ejerce.
Paralelamente, un grupo de cinco notarios y conservadores busca frenar judicialmente el cese de sus funciones. Además de Maldonado, se encuentran la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery; el conservador de Pozo Almonte, Enso González; la notaria de Las Condes, Linda Bosch; y la notaria de La Calera, Lidia Chahuán.
Todos ellos han recurrido a la justicia civil invocando la Ley Zamudio, argumentando que el límite de edad constituye una discriminación arbitraria. En el caso de Maldonado, la jueza Claudia Veloso solicitó al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad del artículo 6, letra b), de dicha legislación, lo que abrió una causa en el TC.
El organismo constitucional admitió a trámite el requerimiento y suspendió la gestión pendiente en la justicia civil, pero esta decisión no implicó la suspensión del cese establecido por la reforma notarial. Por ello, la defensa de Maldonado, liderada por el exministro del TC Gonzalo García, solicitó una medida adicional para evitar que su salida se hiciera efectiva antes del pronunciamiento del Tribunal.
El objetivo de esa solicitud está lejos de constituir un privilegio. Tiene por objetivo no dilatar el proceso.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisó este miércoles los requerimientos vinculados a Maldonado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se había comunicado una resolución que suspendiera provisionalmente los ceses, lo que significa que los cargos quedan vacantes este viernes 2 de octubre, según lo establecido por los decretos ministeriales.
