El Juzgado de Garantía de Coronel acogió la reformalización de la investigación en el caso Bruma, donde siete pescadores artesanales fallecieron tras el hundimiento de su lancha en las costas del Bío Bío. La medida afecta a tres tripulantes del PAM Cobra y a la empresa Blumar, implicados en el trágico suceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía procedió a corregir imprecisiones geográficas que fueron detectadas tras una exhaustiva revisión de los antecedentes. Además, se concedió una ampliación del plazo de investigación por 90 días adicionales, con el objetivo de reunir todas las pruebas necesarias.
“No dice relación con el fondo del asunto, sino que más bien son precisiones de ubicación de la lancha”, explicó el fiscal regional del Bío Bío, Roberto Garrido, en referencia a las modificaciones geográficas. El persecutor enfatizó que esta rectificación es fundamental para “poder presentar una acusación contundente y que sea coherente tanto en los términos que se plantean en los medios de prueba como en lo que se sostiene en la relación de hechos”.
Respecto a la posibilidad de solicitar penas de cárcel efectiva para los tripulantes del Cobra, Garrido señaló que la evaluación se realizará una vez que se presente la acusación formal, aunque aclaró que las sanciones por cuasidelito suelen ser bajas. El objetivo principal de la fiscalía es “agotar toda la indagatoria y, con todos esos antecedentes, presentar una acusación y, obviamente, en esa etapa llegar hasta el juicio oral para exponer todos los antecedentes que fundan nuestra imputación”.
Asimismo, se abordó el presunto hallazgo de restos óseos en la lancha Bruma, los cuales fueron entregados a las familias de las víctimas. Garrido informó que se han decretado peritajes para determinar el origen exacto de estos restos. “Eso podría eventualmente estar vinculado con otros elementos de convicción que se están allegando en la carpeta de investigación. Pero no es posible anticipar ningún juicio, ninguna conclusión, si no contamos con los informes técnicos respectivos”, puntualizó.
La reformalización no solo implicó la rectificación geográfica del incidente ocurrido el 30 de marzo del año pasado, sino también la extensión del plazo investigativo y el levantamiento de la medida cautelar que impedía la comunicación entre los imputados y la empresa Blumar.
