Organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron este lunes a un «pañuelazo» en las inmediaciones del Metro Baquedano, Región Metropolitana, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal. En este contexto, exigieron al Congreso que se mantengan en el Presupuesto Público de 2027 los recursos destinados a la implementación de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en sus tres causales.
La solicitud surge ante la próxima discusión en el Congreso de la Ley de Presupuestos de 2027, que el Ejecutivo debe presentar antes de este miércoles. Las colectividades, que agrupan a 35 organizaciones, pidieron proteger el financiamiento de la atención primaria y los hospitales públicos. Asimismo, solicitaron garantizar el acceso a anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo.
“Un aborto legal y seguro, y una maternidad libremente elegida, requieren de hospitales abiertos, atención primaria con capacidad de respuesta, insumos garantizados y equipos de salud disponibles”, señalaron en una carta dirigida a diputados y senadores.
La preocupación se intensifica tras el ajuste presupuestario aplicado al Ministerio de Salud en 2026 y sus efectos en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Este seguro público es clave para la cobertura médica de la mayoría de la población del país.
La ministra de Salud, May Chomalí, informó a inicios de septiembre ante el Congreso que, tras una reducción del 2,5 % del presupuesto, su cartera necesitará cerca de 3.200 billones de pesos adicionales (3.319 millones de dólares) para cubrir el gasto proyectado del año.
Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, destacó el amplio respaldo ciudadano. “El aborto tres causales tiene más del 70 % de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan”, afirmó.
En Chile, el aborto es legal desde 2017 bajo tres condiciones específicas: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación. Esta normativa busca asegurar un derecho que, según las organizaciones, aún enfrenta desafíos en su aplicación.
“El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas”, señaló la directora nacional y secretaria de Mujer y Diversidad de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus). “Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, seguiremos trabajando para avanzar en derechos. El aborto legal y seguro es salud pública”.
La jornada de movilización no se limitó a la capital, pues el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro motivó diecisiete manifestaciones en diez regiones diferentes del país, demostrando el alcance de esta demanda social.
