Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha revocado visas a diversos funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú. La medida, anunciada este lunes, los acusa de corrupción y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente» en la región.
Bolivia es el país con el mayor número de sanciones, con trece cargos o excargos y un empresario afectados. Entre los nombres destacados en la lista del Departamento de Estado se encuentran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
También se incluyen el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera.
La restricción se aplica en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, impidiendo el acceso a Estados Unidos a estos ciudadanos y a sus familiares directos. La base de esta decisión es su presunta participación en actividades de corrupción o narcotráfico que «atentan contra un gobierno democráticamente elegido».
En el caso específico de Mariaca, se aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional por su «participación en casos de corrupción graves». Según el Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
Adicionalmente, la Administración Trump impuso restricciones a otros nueve ciudadanos bolivianos que, aunque no poseen visas actualmente, fueron declarados «ineligibles» para obtenerlas en el futuro.
La medida también abarca a dos ciudadanos colombianos: el empresario Euclides Antonio Torres y Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que forma parte de la coalición del Pacto Histórico.
En Perú, la sanción recae sobre Juan Carlos Núñez, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima. Las restricciones se extienden también a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque sus nombres no fueron especificados en el comunicado.
El mensaje de las autoridades estadounidenses es contundente: «Los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», afirmó el comunicado oficial, reiterando el compromiso de la Casa Blanca con la lucha contra la corrupción y la defensa de las democracias en la región.
