Los gremios de transportistas de carga, representados por la CNDC y la CNTC, han dado un ultimátum al Gobierno tras una reunión con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Exigen medidas urgentes ante el inminente aumento del precio del diésel, que podría acercarse a los $1.500 por litro.
La cita, realizada en Teatinos 120, se tradujo en un petitorio con cuatro exigencias clave. Los camioneros han fijado un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo entregue una respuesta concreta.
La primera demanda es la creación de un Fuel Surcharge por ley. Este mecanismo permitiría el traspaso automático y simétrico de las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte, tanto al alza como a la baja.
En segundo lugar, el sector solicita que el Gobierno impulse un proyecto de ley al Congreso con máxima urgencia y convoque una mesa técnica para abordar la situación junto a los gremios.
El tercer punto exige la restitución formal del MEPCO, aplicando simultáneamente la banda de precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. Finalmente, los transportistas piden corregir una distorsión impositiva que, según ellos, alcanza los 100 pesos por litro para ciertos actores del gremio.
Los presidentes Juan Araya (CNDC) y Sergio Pérez (CNTC) manifestaron al subsecretario Vallebona que las aproximadamente 40 mil empresas del sector carecen de márgenes para absorber nuevos incrementos en los precios del combustible.
Los gremios insisten en la necesidad de un mecanismo único de traspaso de sobrecostos, que sea obligatorio y de carácter vinculante para todos los contratos y servicios de flete y transporte terrestre de carga en Chile.
Sergio Pérez advirtió que el mayor impacto de las alzas recae sobre los transportistas más pequeños y subrayó que las bases regionales definirán las próximas acciones si no hay una respuesta satisfactoria del Gobierno.
Por su parte, Juan Araya destacó la creciente incertidumbre que afecta al sector debido a las sucesivas alzas del diésel. Confirmó que serán las organizaciones de base quienes decidirán si es necesario avanzar hacia una movilización nacional.
Pérez reiteró la necesidad de una respuesta clara en las próximas 48 horas. Aseguró que una solución satisfactoria y el avance en las modificaciones legales evitarían una movilización. De lo contrario, ambas confederaciones informarán a sus bases para que determinen los pasos a seguir.
Esta preocupación se enmarca en un contexto internacional incierto, con la posibilidad de que Estados Unidos restrinja temporalmente sus exportaciones de diésel, lo que podría generar presiones adicionales sobre los costos del transporte en Chile.
Según los gremios, la autoridad se comprometió a trasladar y exponer con urgencia las propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
