La polémica se intensifica tras el traslado de un sicario desde la cárcel de alta seguridad de Rancagua hasta Punta Arenas, una decisión que ha generado fuertes críticas. El diputado Alejandro Riquelme (REP) instó a aprobar una iniciativa legal para restituir a Gendarmería el control técnico sobre estos procedimientos penitenciarios.
El foco de la controversia es Ronald Quiñones Quinteros, de nacionalidad ecuatoriana, vinculado a la banda “Sicarios del Gran Concepción”. Este interno fue recientemente movido al Complejo Penitenciario de Punta Arenas a petición de su defensa, a pesar de que Gendarmería había alertado que dicho recinto carece de las instalaciones de máxima seguridad necesarias.
Quiñones está siendo investigado por graves delitos como homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. La situación ha provocado gran inquietud en la región de Magallanes, suscitando cuestionamientos sobre los criterios aplicados para reubicar a internos de tan alta peligrosidad.
“Esta decisión judicial ha desatado una polémica totalmente fundada, porque pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, la de los gendarmes y la de todos los chilenos. Cuando la justicia hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos, favoreciendo que las cárceles sigan siendo escuelas del delito”
Así lo afirmó el diputado Riquelme, quien añadió que “un criminal de este perfil no puede venir a Magallanes, debería ser trasladado a la cárcel de alta seguridad en Talca, que sí está equipada para recibirlo”. El parlamentario recalcó la urgencia de una reforma constitucional del Ejecutivo que busca retirar a los jueces la facultad de decidir sobre estos traslados, entregando esta potestad exclusivamente a las evaluaciones de los organismos técnicos.
“No podemos permitir que los traslados de delincuentes queden bajo el arbitrio de los jueces. Estas decisiones se deben tomar bajo criterios estrictamente técnicos de Gendarmería, quienes son los que arriesgan la vida en los penales”, argumentó. Riquelme concluyó que “esta crisis demuestra que el sistema actual está fallando. Aprobar esta ley es una urgencia nacional para recuperar el control carcelario”, enfatizando la necesidad de un cambio radical en la administración de las prisiones.
