El Gobierno enfrentó una semana legislativa compleja en el Congreso, marcada por la derrota de una reforma migratoria clave, errores administrativos en permisos y conflictos internos. La situación dejó bajo presión a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y evidenció fallas en la coordinación del oficialismo. Este panorama se agravó con declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien expresó su preferencia por no asistir al Congreso.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el martes una reforma constitucional que buscaba extender los plazos de detención para extranjeros con orden de expulsión administrativa. El Ejecutivo obtuvo 88 votos a favor, uno menos de los 89 necesarios (cuatro séptimos) para su aprobación. Se registraron también 28 votos en contra y 19 abstenciones, lo que precipitó una búsqueda de responsabilidades.
La ajustada votación expuso la falta de tramitación correcta de permisos constitucionales para dos diputados republicanos, Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes estaban fuera del país acompañando al presidente José Antonio Kast en Estados Unidos. La secuencia de errores incluyó un artículo equivocado, una corrección fuera de plazo y una alternativa no utilizada a tiempo. Estos fallos cobraron relevancia crítica ante un resultado tan estrecho, dirigiendo las miradas hacia la Segpres.
El ministro José García Ruminot quedó bajo escrutinio por esta derrota en una materia prioritaria para el Gobierno. Sin embargo, Renovación Nacional (RN) salió en su defensa. Diego Schalper, jefe de bancada de RN, argumentó que García no era “el inspector del curso” ni “la mamá a cargo” de los parlamentarios, insistiendo en que la responsabilidad de los permisos recae en cada comité. RN y su subsecretaria Constanza Castillo cerraron filas, acusando “mala intención” en los cuestionamientos y pidiendo distribuir las responsabilidades.
Desde Republicanos y otros sectores de la derecha surgieron críticas a la conducción legislativa del Ejecutivo. El rechazo de la reforma migratoria, que inicialmente fue un revés frente a la oposición, derivó en una disputa interna dentro del bloque oficialista. Republicanos admitieron problemas con los permisos de sus diputados, pero enfatizaron los votos opositores y del PDG que el Gobierno esperaba y no consiguió.
La controversia instaló una pregunta incómoda en el oficialismo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la Segpres en el recuento de votos y dónde comienza la obligación de cada partido de organizar a sus parlamentarios? La falta de consenso fue evidente. Este enfrentamiento entre RN y Republicanos no se limitó al Congreso.
En paralelo, RN comenzó a presionar al Ejecutivo para “piñerizar” su estrategia contra el desempleo, proponiendo recuperar un subsidio a la contratación formal y el fortalecimiento del Fogape, medidas utilizadas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esta idea generó reacciones divididas entre los republicanos. La diputada Stephanie Jéldrez afirmó que “el piñerismo sin Piñera no existe”, provocando una dura respuesta de la secretaria general de RN, Katherine Martorell, quien destacó la “experiencia” del piñerismo.
