Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano imputado por homicidio por encargo y vinculado a una red de sicariato que operaba en el Gran Concepción, generó una fuerte controversia tras conocerse una orden judicial para su traslado. La medida busca moverlo desde el Complejo Penitenciario de Rancagua a la cárcel de Punta Arenas, decisión cuestionada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
Las autoridades manifestaron su preocupación debido a que el centro penitenciario de Magallanes no cuenta con las dependencias de máxima seguridad necesarias. Actualmente, Quiñones cumple prisión preventiva bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua desde julio de 2025.
La identidad de Quiñones volvió al centro de la atención pública. El imputado está ligado a los “Sicarios del Gran Concepción”, un grupo criminal que fue desarticulado por la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH. La investigación permitió la detención de cinco individuos: tres chilenos y dos ecuatorianos, entre ellos Quiñones.
Según los antecedentes, los ciudadanos chilenos habrían contratado a los ecuatorianos para perpetrar homicidios por encargo. A la organización se le imputan delitos de homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.
Entre los hechos atribuidos a este grupo se encuentra el asesinato de un hombre el 1 de junio de 2025 afuera de una discoteca en Concepción. También se les vincula con dos homicidios frustrados registrados en julio de 2025 en el sector Palomares de la capital regional del Bío Bío, mes desde el cual Quiñones permanece en prisión preventiva.
El caso resurgió cuando la defensa de Quiñones solicitó su traslado, y una orden judicial lo autorizó. El ministro Arrau criticó la resolución, señalando que Gendarmería ya había advertido sobre la falta de seguridad en el destino.
Esta decisión de la justicia pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se sumó a las críticas, oficiando al Ministerio de Justicia para impedir el traslado si no existen las condiciones de infraestructura y resguardo adecuadas.
Bajo ningún punto de vista un criminal de estas características puede estar en nuestra cárcel.
Radonich solicitó que se reevalúe la medida, cuestionando la intención de trasladar a una persona ligada al crimen organizado a un penal sin las garantías de máxima seguridad necesarias.
