El Ministerio Público ha presentado su acusación formal en el Caso Factop, una investigación que implica a diversas figuras del ámbito financiero y político. La fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, ingresó el libelo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, revelando una lista de 339 testigos, entre ellos exministros, un juez de la Corte Suprema y la animadora Tonka Tomicic.
La acusación se dirige contra seis personas: el abogado Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, el empresario Antonio Jalaff y Luis Flores, exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa. Se les imputan delitos graves como estafa, invasión al giro bancario, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, soborno, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Entre los testigos de alto perfil figuran el exministro del Interior Andrés Chadwick, el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y el lobista Darío Calderón, conocido como el Conde Negro. La mayoría de los testigos son víctimas, funcionarios de la PDI y Carabineros, fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y extrabajadores de Factop.
Según la fiscalía, los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg (ya condenado) captaron dinero de su círculo cercano durante años a través de Factop. Ofrecían intereses mensuales de aproximadamente el 1%, supuestamente respaldados por operaciones de factoring. Para simular la solidez del negocio, la empresa emitía miles de facturas ideológicamente falsas desde sociedades propias y relacionadas.
Un ejemplo de esta práctica es Comercial Textil Ziko, una empresa de telas controlada por los hermanos Sauer, que facturó más de $58 mil millones a más de mil receptores distintos entre 2019 y 2023. Sin embargo, el dinero no se destinaba a operaciones de factoring, sino a financiar a personas del círculo de los socios, como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, quienes obtuvieron líneas de crédito por unos $4.500 millones cada uno. Incluso Hermosilla accedió a una sublínea de $356 millones.
El caso de Antonio Jalaff destaca, ya que, al no poder pagar sus deudas de aproximadamente $28 mil millones, ejecutivos de LarrainVial crearon el Fondo de Inversión Capital Estructurado I. La acusación señala que el verdadero propósito de este fondo era saldar las deudas del empresario, incluyendo las que tenía con Factop, utilizando dinero de inversionistas que perdieron el 93% del valor de sus cuotas.
El exministro Andrés Chadwick aparece en uno de los capítulos más sensibles de la acusación, relacionado con el proyecto industrial Parque Capital en Lampa. La fiscalía sostiene que en 2019, Álvaro Jalaff (ya condenado) acordó pagar a Luis Hermosilla cerca de 10.000 UF para que desbloqueara los permisos del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, que habían sido rechazados.
Hermosilla se desempeñó como abogado asesor del Ministerio del Interior entre 2018 y 2022, trabajando con Chadwick y sus sucesores: Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado. Los cuatro exministros figuran en la lista de testigos. En el caso de Rodrigo Delgado, la fiscalía busca que declare sobre su relación comercial con Factop a través de la sociedad San Benito SpA.
Durante junio de 2020, por intermedio de Andrés Chadwick Piñera, sostuvo reuniones con el entonces Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward Edwards —expresa la acusación—. Posteriormente, el 7 de agosto de 2020, convocó a una reunión reservada en sus oficinas a Felipe Ward y al entonces Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz Tagle, ocasión en la que requirió expr
La acusación detalla cómo Hermosilla habría utilizado su cercanía con Chadwick para influir en la cartera de Vivienda, solicitando la “expeditación” de los permisos para el proyecto Parque Capital en reuniones clave con el entonces ministro Felipe Ward y el SEREMI Manuel José Errázuriz Tagle.
