El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre los riesgos de levantar el secreto bancario de funcionarios sin una orden judicial, calificando la medida como una “puerta peligrosa” para la privacidad. Sus declaraciones se dieron ante la comisión de Seguridad del Senado, en el marco de la discusión del proyecto que busca crear el Subsistema de Inteligencia Económica y que propone cambios en el acceso a la información bancaria.
Arrau expresó que, si bien considera beneficioso disponer de más datos para combatir el crimen organizado, le preocupan las implicaciones de autorizar el levantamiento del secreto bancario sin la intervención de un tribunal. “Hoy en día estamos empecinados en esta discusión, que está muy bien tener más datos, pero el tema del alzamiento del secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos que no es apropiado”, enfatizó.
El ministro afirmó no tener conocimiento de investigaciones que se hayan visto frustradas por no obtener una autorización judicial para acceder a información bancaria. Aseguró que “no ha habido ninguna investigación que se haya truncado porque no se haya dado por orden judicial el alzamiento del secreto bancario”.
Igualmente, Arrau alertó que suprimir el control judicial podría establecer un precedente que ampliaría las facultades del Estado sobre la información privada de las personas. “Creemos que también abre una puerta peligrosa”, sostuvo, comparando la situación con el acceso a las comunicaciones: “¿Por qué no alzamos las telecomunicaciones para saber bien lo que está pasando? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus que tengamos un Estado que controle más”.
Insistió en que, durante la discusión, no se ha presentado ningún caso concreto donde una investigación haya enfrentado obstáculos por no acceder al levantamiento del secreto bancario. “Nunca nos ha traído un caso que haya tenido problemas por no alzarse”, reiteró.
Finalmente, el ministro Arrau reafirmó su objeción a extender esta facultad bajo el argumento de combatir el crimen organizado, subrayando el riesgo de acceder a información personal sin la debida autorización judicial. “Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”, concluyó.
