Un grupo de senadoras y senadores, en su mayoría de la región del Bío Bío, presentó una moción para eximir el pago de peajes a vehículos particulares que enfrenten emergencias médicas. La iniciativa busca reformar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, estableciendo que las barreras se levanten con la sola declaración verbal del conductor y otorgando 48 horas para regularizar el pago.
La propuesta también contempla sanciones de presidio para quienes impidan el libre tránsito en estas situaciones, priorizando los derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la salud sobre los intereses comerciales de las concesionarias.
Este proyecto surge como respuesta a un grave incidente ocurrido en la plaza de peaje de la ruta Interportuaria, que conecta las comunas de Penco y Talcahuano. En aquella ocasión, una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto no pudo cruzar de inmediato la barrera por falta de efectivo.
La demora resultó en el nacimiento de la bebé dentro del automóvil, exponiéndola a riesgos de infección por la ausencia de un entorno esterilizado. Los senadores Danisa Astudillo, Loreto Carvajal, Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe destacaron que el libre tránsito en estas circunstancias es fundamental.
Entre las disposiciones clave de la moción se presume la urgencia con la “sola declaración verbal del conductor en la caseta de cobro”. Para mitigar posibles pérdidas económicas a las empresas, se instaurará un mecanismo de pago posterior, concediendo un plazo de 48 horas para saldar la tarifa a través de transferencia electrónica u otros medios definidos por la concesionaria. Transcurrido ese lapso, la concesionaria podrá gestionar el cobro directamente con el dueño del vehículo.
El proyecto protege explícitamente a los funcionarios de peajes, prohibiendo a las empresas aplicarles sanciones, descuentos o cobros si levantan las barreras ante una emergencia. Además, la moción incorpora sanciones penales que van desde presidio menor en su grado mínimo a medio, hasta 3 años de cárcel, para quienes obstaculicen el paso en situaciones de emergencia o catástrofe.
La Comisión de Obras Públicas será la encargada de analizar este proyecto, que busca equilibrar la seguridad y el acceso a la atención médica urgente con la operación de las vías concesionadas.
