Una querella admitida por el Juzgado de Garantía de Coyhaique busca indagar los orígenes del caso Imperio Ámsterdam. La acción judicial, presentada por William Vásquez Martínez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, acusa que la investigación de la Fiscalía de Aysén contra una red de tráfico de marihuana se habría iniciado con una denuncia falsificada.
Según la querella, la denuncia original contendría información alterada y testimonios que el supuesto autor nunca entregó. La acción legal apunta directamente a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Aysén por el presunto delito de falsificación de instrumento público cometido por empleado público.
Esta nueva investigación penal será resuelta por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá decidir si designa a un fiscal externo a la región de Aysén. Esto se debe a que el fiscal regional Hernán Libedinsky podría ser foco de imputaciones, amparado en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que permite esta medida en casos de gravedad o complejidad.
El querellante, William Vásquez, relata que en agosto de 2024 acudió voluntariamente a dependencias del OS7 de Carabineros de Aysén para realizar consultas administrativas sobre su dispensario medicinal y la legalidad de la empresa Má Botanics. Su defensa sostiene que la conversación no fue una denuncia ni una autodenuncia, y que Vásquez no entregó información sobre ilícitos.
Sin embargo, el 26 de agosto de 2024, el OS7 remitió un oficio reservado donde se consignó que Vásquez había denunciado una presunta infracción a la Ley 20.000, atribuyéndole, además, la afirmación de que obtenía marihuana de Má Botanics “para después cultivarla”. Vásquez niega rotundamente ambas afirmaciones, asegurando que Carabineros le atribuyó declaraciones y acciones que no realizó.
La querella también destaca que Má Botanics contaba con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para producir y comercializar flores de cáñamo con bajo contenido de THC, y que su producto no era apto para iniciar nuevos cultivos. Esto contradice la información supuestamente atribuida a Vásquez en el oficio.
El oficio reservado N° 311 fue el punto de partida para la Operación Imperio Ámsterdam. A raíz de este documento, el Ministerio Público habría solicitado diligencias contra el mismo Vásquez y su entorno, incluyendo escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos, que posteriormente derivaron en allanamientos, incautaciones y detenciones de otros involucrados.
La defensa de Vásquez advierte que mantener la investigación en la Fiscalía de Aysén generaría una “autoinvestigación institucional”, ya que esta misma fiscalía es la que debe esclarecer la presunta falsificación. La querella solicita citar como imputados a los dos funcionarios del OS7 que firmaron el oficio, obtener la nómina de policías, fiscales y funcionarios con acceso a la carpeta investigativa, y auditar bitácoras del Sistema de Apoyo a los Fiscales y plataformas policiales para revisar la trazabilidad de las actuaciones derivadas del oficio.
