El Gobierno prepara una serie de 19 medidas destinadas a enfrentar el elevado desempleo que afecta al mercado laboral. Esta agenda, impulsada por el Ministerio del Trabajo, combina proyectos que ya se discuten en el Congreso, iniciativas en fase de diseño y una serie de reglamentos que buscan actualizar normas vigentes.
El paquete incluye propuestas como el contrato por horas, la Sala Cuna Universal y cambios en la distribución de la jornada de 40 horas. Sin embargo, también incorpora ideas que prometen generar mayor debate, como un contrato a prueba, una nueva versión del contrato de aprendizaje denominada “por experiencia”, la polifuncionalidad y una indemnización a todo evento. Aunque son 19 iniciativas, no todas presentan el mismo grado de avance ni requieren necesariamente nuevas leyes.
La agenda se divide en tres grupos principales. El primero abarca seis proyectos que ya están en tramitación legislativa, incluyendo la Sala Cuna Universal, el contrato por horas, la flexibilización de la jornada de 40 horas, el Estatuto Laboral del Turismo, una propuesta sobre el uso fraudulento de licencias médicas y el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia al Seguro Social.
El segundo grupo concentra seis iniciativas en fase de preparación ministerial, aún no presentadas al Congreso. Aquí se encuentran las propuestas más novedosas: el contrato a prueba, el contrato “por experiencia” (o de aprendizaje), la polifuncionalidad, las bandas horarias, la indemnización a todo evento y las modalidades híbridas de teletrabajo.
Finalmente, el tercer grupo lo componen siete reglamentos que buscan implementar o modificar la aplicación de diversas normas laborales. Este conjunto de 19 acciones no constituye una reforma laboral única, sino una cartera de proyectos y propuestas que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.
Una de las propuestas que ya avanza en el Congreso es el contrato por horas, diseñado para formalizar trabajos de pocas jornadas semanales que a menudo operan en la informalidad. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido esta modalidad como una forma de formalizar a quienes trabajan 10 o 20 horas a la semana, asegurando que no implicaría una pérdida de derechos laborales.
Otro proyecto en tramitación busca modificar la distribución de la jornada laboral de 40 horas. La iniciativa no elimina la jornada máxima, sino que amplía el período sobre el cual se calcula el promedio de horas trabajadas. El Gobierno argumenta que esto permitirá adaptar las jornadas a actividades con demanda fluctuante, aunque el debate se centrará en el límite de esa flexibilidad para evitar jornadas excesivas.
Entre las iniciativas aún en desarrollo destaca el contrato a prueba, una de las novedades más esperadas.