Argentina se encuentra atrapada en una estrategia de defensa que la vincula a un diseño ajeno tras la firma de un Comunicado Conjunto con Chile. Esta situación, que inicialmente abordó declaraciones de altos mandos militares y la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, revela un problema de fondo más complejo que el relato político superficial.
El punto central de esta problemática reside en la Directiva de Defensa (Decreto 457/2021), un documento que establece el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido” de control conjunto. Esta directiva, que orienta los principios, reglas y conceptos guía para las Fuerzas Armadas Argentinas, es difícilmente derogable o modificable a través de una simple declaración, ya que determina cómo el país entiende su defensa y proyección estratégica.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento chileno de la soberanía argentina sobre las Falklands (Malvinas), Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Si bien este apoyo obedece a la inercia de la política exterior argentina, también funcionó como moneda de cambio para mitigar la crisis generada por la cuestión del Estrecho. Sin embargo, este reconocimiento incluye los fondos marinos reclamados como plataforma extendida, lo que podría colisionar con intereses chilenos.
En el contexto geopolítico actual, es poco probable que esta situación afecte la relación de defensa entre Chile y el Reino Unido, dadas sus históricas y consolidadas capacidades. Sin embargo, la neutralidad de Estados Unidos en este tema requiere observación. Además, la valoración del presidente argentino a los esfuerzos chilenos para evitar actividades ilegales de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros en la zona de las islas representa un desafío.
Esto choca con el Decreto 256, que contraviene tratados vigentes y la CONVEMAR respecto a la libertad de navegación por el Estrecho de Magallanes. Un ejemplo reciente fue el altercado por la recalada del buque británico HMS Medway en Punta Arenas desde las Falklands, lo que provocó una protesta formal de la Cancillería argentina al Reino Unido.
La alerta estratégica se concentra en Punta Arenas, donde su alcalde ha manifestado que la restricción con las Falklands ha causado un impacto económico de US$300 millones. Esto ha llevado a gestiones para una negociación que establezca una ruta de comercio bilateral, lo que permitiría reducir costos para los habitantes británicos y comerciar productos chilenos a precios competitivos, generando un nuevo problema con Argentina.
