Un exprofesional del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), de 46 años, fue formalizado por la Fiscalía debido a su presunta implicación en una serie de delitos contra la probidad pública ocurridos entre 2023 y 2024. El imputado enfrenta cargos por fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre.
El sujeto fue arrestado el jueves por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en cumplimiento de una orden del Ministerio Público. El procedimiento incluyó una orden judicial para el registro de un inmueble y la incautación de bienes.
Los antecedentes presentados en la audiencia detallan que, entre junio y diciembre de 2023, el abogado habría obtenido información privilegiada sobre cinco depósitos realizados por el Servicio de Salud de Antofagasta en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Calama, sumando cerca de $13 millones. La Fiscalía indicó que estos depósitos carecían de una causa o motivo claro.
Con esta información, el imputado habría ideado un plan para intentar apropiarse de los fondos. Supuestamente, promovió una demanda de tutela de garantías contra el propio SSA. La particularidad es que el mismo abogado habría representado al servicio en dicho proceso, gestionando luego un avenimiento donde el SSA se comprometía a pagar los $13 millones para cerrar el litigio.
Para consumar la operación, el profesional habría involucrado a un tercero, quien actuó como demandante y recibió el dinero en su cuenta bancaria. Posteriormente, este tercero habría transferido los fondos a una cuenta personal del imputado, un hecho que la Fiscalía confirmó ocurrió entre enero y febrero de 2024.
Los hechos fueron denunciados al Ministerio Público en octubre de 2024 por la persona que recibió las transferencias, quien ahora figura como víctima en la investigación.
Durante la formalización, el fiscal Cristian Aguilar Aranela solicitó la prisión preventiva, argumentando la gravedad y cantidad de los delitos, además de la forma en que se habrían cometido y los bienes jurídicos vulnerados. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta denegó esta medida, decretando en su lugar arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual el Ministerio Público deberá realizar nuevas diligencias para esclarecer la participación del exabogado del SSA en estos eventos.
