La sesión del Senado del 1° de septiembre se transformó en un escenario de conflicto, evidenciando una fuerte tensión entre parlamentarios y dirigentas de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI). Las trabajadoras, que asistieron a la Asamblea Nacional para defender la educación pública, fueron desalojadas por la fuerza tras provocaciones de senadores oficialistas y la suspensión de la sesión, en un hecho que la organización calificó como un acto de autoritarismo y falta de diálogo.
El incidente ocurrió en medio del debate sobre la ley de Sala Cuna Universal, que, según las dirigentas, se intenta tramitar a puertas cerradas, sin considerar las preocupaciones de quienes sostienen las salas cunas del país. Esta situación confirma una postura intransigente por parte de algunos legisladores, buscando aprobar una ley que, en su estado actual, no garantiza una universalidad real ni protege a la educación parvularia pública.
Aunque existe un acuerdo general sobre la necesidad de eliminar el sesgo discriminatorio del artículo 203 del Código del Trabajo, la AJUNJI rechaza el proyecto de ley por considerar que promueve la privatización encubierta. La iniciativa propone un sistema de vouchers y subsidios indirectos que excluye a la red pública (JUNJI, Integra y VTF) del nuevo Fondo de Sala Cuna, a pesar de proyectarse que más de 22 mil niños ingresarán a esta red el primer año sin asignación de fondos adicionales.
Además del desfinanciamiento, el proyecto consagra el copago, calculando el aporte sobre un promedio estimado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en 5,2 UTM (cerca de $372.000). Esto significa que la diferencia recaerá en las familias, creando una profunda segregación donde los hogares vulnerables deberán asumir costos o sobrecargar la oferta pública, mientras que las familias con mayores ingresos optarán por la oferta privada.
El proyecto también es criticado por exigir menores estándares educativos a la red privada en comparación con la pública y por financiar el sistema restando recursos directos al Seguro de Cesantía (un 0,2% de la cuenta individual y un 0,15% del Fondo Solidario). Silvia Silva, vicepresidenta de Gestión y Finanzas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y presidenta nacional de AJUNJI, afirmó:
“Ni el desalojo de las tribunas ni las provocaciones parlamentarias acallarán nuestra convicción. Las niñas y niños deben estar en el centro, y la educación pública se defiende.”
Las dirigentas exigen un debate transparente, que elimine el copago, proteja el desempleo y fortalezca la educación inicial pública, asegurando que las niñas y niños permanezcan en el centro de las políticas educativas.
