La Fiscalía regional del Bío Bío confirmó que mantendrá las medidas de protección para los testigos reservados que colaboraron con el caso del ataque a la familia Grollmus. Este atentado, que dejó a varios miembros de la familia gravemente heridos y provocó el incendio de propiedades como un molino, culminó con la condena de 18 personas.
El fiscal regional Roberto Garrido defendió la figura de los testigos con identidad resguardada, subrayando el riesgo que enfrentan estas personas al aportar información sobre organizaciones criminales. Explicó que la protección es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la integridad física de quienes deciden colaborar.
“Personas que tienen información en relación con organizaciones criminales como esta arriesgan su vida si develan su identidad. Por lo tanto, es una obligación del Estado, para poder garantizar el acceso a la justicia, que personas que tienen información puedan tener medidas de protección”, fundamentó el persecutor.
La diputada Flor Weisse respaldó la decisión de la Fiscalía, destacando la importancia de los testigos protegidos en la búsqueda de justicia, especialmente en situaciones de “terrorismo”. Afirmó que esta es una herramienta necesaria para esclarecer los hechos y que el Estado debe asegurar la seguridad de quienes se atreven a hablar bajo protección.
Inicialmente, se ofrecieron 11 testigos reservados durante el juicio del caso Grollmus. Sin embargo, solo cuatro de ellos rindieron declaración ante el Tribunal Oral de Cañete. Se espera que el próximo 21 de diciembre, el tribunal dé a conocer las penas que deberán cumplir los 18 condenados por este violento atentado.
