El Gobierno ha propuesto una prórroga de 12 meses para la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, fijando la nueva fecha para el 1 de diciembre de 2027. Esta medida busca asegurar las condiciones necesarias para su plena implementación, tanto a nivel regulatorio como operativo, afectando a organismos del Estado, empresas y fundaciones que manejan información personal y que deben ajustarse a la nueva normativa.
Una de las razones fundamentales para este aplazamiento es la constitución y puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos Personales, que originalmente debía estar funcionando a más tardar el 1 de junio de este año. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó la relevancia de esta reforma para Chile, señalando que:
“Nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”.
La propuesta también incluye un aumento en el número de integrantes del Consejo Directivo de la Agencia, pasando de tres a cinco miembros, y establece un quórum de tres para sus decisiones. Además, se busca adelantar la designación de su primer Consejo.
Aprobada en agosto de 2024, la Ley de Protección de Datos Personales eleva el estándar chileno en el tratamiento de esta información, equiparándolo con la normativa de la Unión Europea. La ley consagra derechos para los titulares de datos, incluyendo acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de su información.
Asimismo, la legislación introduce un catálogo de infracciones, clasificadas desde leves hasta graves y gravísimas. Las sanciones asociadas pueden alcanzar multas de hasta 5 mil UTM para infracciones leves (aproximadamente $358 millones), 10 mil UTM para graves (cerca de $717 millones) y 20 mil UTM para las gravísimas (alrededor de $1.434 millones).
