El diputado Jaime Bassa (FA) presentó un proyecto de ley que busca incorporar un nuevo delito a la Ley 21.459, con el objetivo de perseguir de manera específica la manipulación coordinada del debate público mediante cuentas falsas o automatizadas, también conocidas como bots.
La iniciativa apunta a sancionar a quienes contraten, organicen, administren o financien redes de bots destinadas a simular respaldo ciudadano e influir artificialmente en la opinión pública o en procesos electorales y plebiscitarios. Según detalla la propuesta, busca “cerrar un vacío legal” respecto de este tipo de operaciones digitales, estableciendo sanciones para quienes impulsen redes que oculten su carácter falso o automatizado con el propósito de manipular el debate público.
La iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado medio a máximo, además de una multa a beneficio fiscal equivalente al doble del valor de los dispositivos o servicios digitales contratados. Asimismo, establece circunstancias agravantes cuando este tipo de conductas formen parte de una actividad comercial organizada o tengan fines de lucro. También se consideraría una agravante cuando las redes sean utilizadas con el objetivo de afectar la honra o dignidad de una persona.
Al respecto, el diputado Jaime Bassa sostuvo que el uso y comercialización de “granjas de bots” representa una amenaza para la democracia y acusó que estas prácticas han sido utilizadas para intervenir y manipular la opinión pública. El parlamentario afirmó que este tipo de operaciones ha estado presente en distintos procesos electorales y apuntó directamente contra figuras vinculadas al actual Gobierno, cuestionando la utilización de recursos públicos.
“Este proyecto de ley busca sancionar esas conductas, tipificarlas como antijurídicas y culpables, penalizarlas con cárcel, con multa y abrir la posibilidad de que exista una investigación electoral en los procesos de calificación electoral”, señaló.
Finalmente, Bassa aseguró que, ante este escenario, es necesario defender “la autonomía del voto” y garantizar que las personas puedan participar en procesos electorales “libres y, sobre todo, bien informados”.
