La Municipalidad de El Tabo, en la región de Valparaíso, presentó una querella criminal que fue declarada admisible, dando inicio a una investigación por un presunto caso de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, apuntando a un funcionario municipal y a quienes resulten responsables.
Los antecedentes judiciales revelan que una revisión interna de la municipalidad detectó varias transferencias de recursos destinados al pago de proveedores. Sin embargo, estos fondos habrían terminado en una cuenta bancaria personal del funcionario Pablo Bustamante Garrido.
La concejala de El Tabo, Karina Soto, destacó que esta acción judicial interpuesta por la municipalidad es solo el comienzo para esclarecer los hechos e identificar a todos los implicados en este caso.
Inicialmente, la querella identificó cuatro operaciones irregulares que sumaban $4.781.250. Entre estas se incluye una transferencia de $1.397.060, realizada en 2025, que posteriormente fue reintegrada a las arcas municipales. El funcionario Bustamante Garrido habría atribuido esta operación a un error en la confección de la nómina de pagos a proveedores.
Las otras tres transferencias detectadas en la querella inicial corresponden a montos de $1.132.095, $1.132.095 y $1.120.000.
Posteriormente, una revisión adicional reveló otras tres transferencias, efectuadas entre 2023 y 2025, por un total de $2.169.844, distribuidos en $186.856, $692.988 y $1.290.000.
Con estas nuevas revelaciones, el monto total de las transferencias identificadas en la querella y su ampliación asciende a $6.951.094. De esta suma, $1.397.060 corresponde a la operación que fue reintegrada, mientras que los $5.554.034 restantes son el foco principal de la investigación en curso.
Por su parte, la concejala Claudia Aracena informó que los ediles han solicitado información detallada sobre las conciliaciones bancarias del municipio, especialmente en relación con las partidas pendientes, en el marco de una investigación que también lleva a cabo la Contraloría.
La Fiscalía confirmó que existe una denuncia vigente desde el 21 de agosto por el delito de malversación de caudales públicos. Las diligencias para esclarecer este complejo caso han sido encargadas a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, quienes están recabando todos los antecedentes para determinar las responsabilidades.
