La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó los dos primeros artículos del proyecto que busca crear el Registro de Vándalos. Esta decisión se tomó pese a que la oposición anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar detener la propuesta.
La votación estuvo marcada por la ausencia del Gobierno en la sesión, lo que generó molestia en varios sectores, a pesar de que el Ejecutivo había renovado la suma urgencia del proyecto para agilizar su tramitación. Durante la jornada, se aprobó una indicación gubernamental que divide el registro original en dos categorías: uno para Actos Vandálicos y otro para Incivilidades.
El artículo 1, ratificado con esta modificación, establece que ambos registros serán de carácter público, electrónicos y con cobertura nacional. Su administración estará a cargo del Registro Civil, y los detalles específicos de su funcionamiento se definirán mediante un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia.
El artículo 2 también recibió aprobación, aunque con ciertas modificaciones y el rechazo de algunas indicaciones. Esta norma precisa que serán inscritas en el Registro de Actos Vandálicos aquellas personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por los delitos contemplados en el proyecto. En el caso del Registro de Incivilidades, se incluirá a quienes sean sentenciados por faltas establecidas en la futura ley y por las conductas que el proyecto considera incivilidades.
Los tribunales penales y los juzgados de policía local tendrán la obligación de informar estas sentencias al Registro Civil para que se realicen las inscripciones correspondientes. Un punto que fue rechazado es la posibilidad de incorporar a personas que hayan accedido a una suspensión condicional del procedimiento, por lo que esta disposición no formará parte del texto aprobado.
La aprobación de estos primeros artículos generó objeciones por parte de la oposición. La diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia presentó una reserva de constitucionalidad sobre el artículo 1, mientras que el diputado Bernardo Salinas, independiente de la bancada del Partido Comunista, hizo lo mismo respecto del artículo 2. Estas reservas dejan abierta la opción de recurrir al Tribunal Constitucional.
La iniciativa ya había generado debate durante su discusión general, principalmente por los posibles efectos de la inclusión de personas en el registro y los cuestionamientos sobre un eventual doble castigo. El proyecto, que inicialmente planteaba un único registro, continuará su tramitación con la discusión particular desde el artículo 3°.
De esta forma, el Gobierno logra avanzar con una de sus propuestas en materia de seguridad, aunque ahora enfrenta un nuevo conflicto con la oposición, que ya anticipa una disputa legal en el Tribunal Constitucional.
