La propuesta de reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno ha generado preocupación en académicos como Arturo Fontaine de la Universidad de Chile y Javier Couso de la Universidad Diego Portales. Ambos expertos instaron al presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto del Congreso, argumentando que podría sentar las bases para un gobierno autoritario.
En una carta publicada en El Mercurio, Fontaine y Couso calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y advirtieron sobre la posibilidad de que un futuro mandatario instale una “dictadura constitucional”. Ante estas críticas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma, llamando a la “seriedad” y asegurando que busca enfrentar al crimen organizado con mecanismos ya existentes en otros países.
Los académicos aclararon que no ven en Kast una intención de socavar las instituciones o silenciar a la prensa. Sin embargo, su preocupación radica en las amplias facultades que la reforma otorgaría a cualquier presidente. El punto más controversial es un nuevo estado de excepción que permitiría al mandatario decretarlo por hasta 240 días sin la aprobación previa del Congreso.
Durante este periodo, se podrían suspender o restringir derechos fundamentales como la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación. Además, se permitiría la interceptación de comunicaciones privadas y la requisa de bienes. La mayor inquietud es que la norma no impediría decretar múltiples estados de excepción de forma consecutiva, permitiendo a un presidente gobernar con derechos restringidos durante gran parte de su mandato sin control legislativo.
“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, señalaron Fontaine y Couso, alertando que estas herramientas podrían usarse no solo contra criminales, sino también contra periodistas, líderes sociales u opositores.
La reforma también es cuestionada por la facultad que otorgaría al Ejecutivo y al Senado para definir un registro de organizaciones criminales y terroristas, lo que, según los académicos, “borronea la separación de poderes” y es “un paso propio de gobiernos iliberales”. A esto se suma el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas policiales y la posible restricción de prestaciones sociales a condenados por delitos de crimen organizado o terrorismo, incluso 15 años después de cumplir sus penas.
Fontaine y Couso sostienen que la seguridad debe abordarse con más policías, mejor entrenamiento, tecnología y recursos, en lugar de centralizar el poder presidencial. Plantearon que si los cambios al proyecto son superficiales, la amenaza del autoritarismo persiste. Si lo diluyen, pierde sentido. Si solo busca generar una sensación de seguridad, lo consideran “demagogia constitucional”. Por ello, pidieron a Kast retirar la iniciativa e invertir en medidas de seguridad concretas.
En respuesta, el ministro Arrau rechazó los términos utilizados, instando a la seriedad y a justificar las afirmaciones. Explicó que el nuevo estado de excepción busca intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado” y afirmó que las atribuciones ya existen en otros estados de excepción. También indicó que el plazo de 240 días está sujeto a cambios.
