El Gobierno decidió suspender temporalmente la discusión sobre la reforma de seguridad, retirando la urgencia legislativa que tenía la iniciativa. Esta medida llega tras las severas críticas tanto de la oposición como de sectores del oficialismo, quienes calificaron la propuesta como “iliberal” y plantearon numerosos reparos a su contenido.
La decisión busca abrir un espacio para la negociación y la redefinición del proyecto. Este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunirá con Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, para establecer un nuevo calendario legislativo y priorizar otras iniciativas, como las Reglas de Uso de la Fuerza.
Entre las alternativas que se manejan para flexibilizar la reforma, se incluye una reducción del plazo del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, que originalmente permitía hasta 240 días sin control congresual. Ahora se evalúa limitarlo a 30 días, exigiendo aprobación parlamentaria para cada renovación subsiguiente.
Otra opción es eliminar este nuevo estado de excepción y, en su lugar, modificar el actual Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que ya se aplica en zonas como la Macrozona Sur. También se contempla suprimir la controvertida cláusula de pérdida de beneficios sociales, un punto que ya había generado polémica en el proyecto de “Escuelas Protegidas” y que fue rechazado por el Tribunal Constitucional.
Adicionalmente, se analiza reformular la manera en que se definen las organizaciones criminales y los delitos asociados. Una de las propuestas busca que esta potestad recaiga exclusivamente en el Poder Judicial, sin otorgar atribuciones al Gobierno o al Congreso.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó en Estado Nacional de TVN que
“Vamos a retirar la urgencia de la reforma para tener una amplia discusión”
. Por su parte, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, expresó la apertura a mejoras en el Congreso Nacional y a
“ir graduando las urgencias en función del objetivo final, que es buscar un consenso y sacar la iniciativa adelante”
.
Desde el socialismo democrático han cuestionado la necesidad de llevar la discusión a un plano constitucional. Juan Luis Castro, jefe de bancada del PS e integrante de la Comisión de Seguridad, criticó que
“las formas autoritarias no proceden en tiempos de democracia”
y afirmó que no es imperativo modificar la Constitución para avanzar en seguridad.
Las críticas se extienden a la centroderecha, con el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) declarando que la reforma
“raya en lo iliberal”
, lo que subraya la amplitud del rechazo al texto original.
