La eliminación de la burocracia excesiva es una medida que beneficia a toda la ciudadanía, más allá de las acusaciones de conflicto de interés que puedan investigarse contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Reducir la «permisología» no atenta contra la probidad, la transparencia ni la responsabilidad de las autoridades.
Es crucial diferenciar entre una investigación por un eventual conflicto de interés y el uso de este como pretexto para mantener la paralización del país. Si bien toda sociedad necesita autorizaciones para actividades que afecten la seguridad, la salud o los derechos de terceros, el problema surge cuando los permisos se duplican, distintos organismos revisan la misma materia o se exigen documentos ya en poder del Estado. Además, la situación se agrava cuando la autoridad incumple los plazos legales sin consecuencias.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 439 trámites que impactan la inversión. Se constató que algunos procedimientos exceden sus plazos legales de forma dramática; por ejemplo, una concesión marítima que debía resolverse en cuatro meses, tardaba en promedio 34 meses. En ciertos proyectos, el proceso completo de autorizaciones podía extenderse hasta once años. Esto no es una regulación razonable, sino una barrera administrativa que impide el desarrollo de actividades lícitas.
Esta problemática no solo afecta a los grandes empresarios, sino también al ciudadano común que intenta construir, subdividir un terreno, regularizar una vivienda, abrir un comercio o instalar un taller. Para ello, debe recorrer múltiples ventanillas municipales, obtener pronunciamientos de diversos servicios, presentar reiteradamente los mismos documentos y esperar meses por una respuesta que a menudo depende más de la voluntad de un funcionario que de una norma objetiva.
Durante este largo proceso, el emprendedor debe seguir pagando arriendo, intereses y remuneraciones sin poder aún producir o vender. Mientras las grandes empresas pueden costear abogados y gestores especializados para navegar este laberinto, el pequeño emprendedor carece de esa posibilidad. Así, la burocracia, a menudo presentada como una defensa de los débiles, termina protegiendo a quienes ya poseen recursos y excluyendo a quienes buscan ingresar al mercado.
Para actividades de menor riesgo, es factible reemplazar la autorización previa por una declaración responsable o una certificación emitida por un profesional competente, como un arquitecto o ingeniero. De esta manera, el ciudadano podría iniciar su actividad y el Estado mantendría intactas sus facultades de fiscalización. En caso de declaraciones falsas o certificaciones incorrectas, deberían aplicarse sanciones severas y hacerse efectivas las responsabilidades civiles, administrativas o penales correspondientes. No tiene lógica que el Estado intente examinar cada acción posible de antemano, pero luego carezca de personal y recursos para fiscalizar lo que realmente importa.
¿Por qué, entonces, algunos sectores de izquierda desconfían de la reducción de la permisología? Una parte de esa tradición política confunde la cantidad de intervención estatal con el nivel de protección de las personas. Bajo esta perspectiva, más autorizaciones equivaldrían a una mayor protección del interés general, aunque la experiencia demuestre lo contrario: un trámite extra solo dilata y priva al ciudadano de su derecho a emprender.
También existe una razón vinculada al poder. Cada autorización confiere a un organismo la capacidad de permitir, retrasar o impedir una actividad. Y donde hay una decisión discrecional, aparecen los gestores, operadores o intermediarios que conocen la “ventanilla correcta”. La excesiva burocracia termina favoreciendo estas redes en lugar de la eficiencia.
