El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, alertó sobre una posible deriva autoritaria del Gobierno de José Antonio Kast. Según el parlamentario, la actual administración estaría usando la agenda de seguridad para integrar herramientas orientadas a controlar futuras protestas sociales, en lugar de combatir nuevas formas de criminalidad. El legislador fue enfático al afirmar que “Los procesos de erosión democrática no terminan con el fortalecimiento de la democracia, terminan a golpes”.
En una entrevista, Bassa cuestionó las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo. Aunque reconoció que las propuestas iniciales se redujeron, consideró que su contenido sigue siendo “bastante preocupante”. El diputado indicó que, bajo el pretexto de enfrentar al terrorismo y al crimen organizado, se estarían sumando medidas con otros fines.
“Pareciera que el Gobierno se está proveyendo de herramientas que no tuvo el Estado durante el estallido social, eventualmente para responder a nuevos estadios de movilización que probablemente vamos a tener”, señaló Bassa.
El parlamentario sugirió que un posible aumento de las manifestaciones podría darse durante la discusión de la ley de Presupuestos, especialmente por los recortes aplicados previamente por el Gobierno. Bassa diferenció estas situaciones del terrorismo, advirtiendo que calificar a organizaciones de izquierda como terroristas, tal como lo haría el secretario de Estado de Estados Unidos, conduciría a un escenario “casi dictatorial”.
El diputado reconoció la evolución de la criminalidad en Chile y la necesidad de nuevas herramientas estatales para enfrentarla. Sin embargo, criticó al Ejecutivo por, a su juicio, aprovechar esta discusión para imponer restricciones no dirigidas al narcotráfico, sino a la criminalización de la protesta social.
Como ejemplo, Bassa mencionó la propuesta para modificar la ley antibarricadas. Para el abogado, este cambio no guarda relación directa con el crimen organizado ni el terrorismo.
“Eso no tiene nada que ver con terrorismo. Eso no tiene nada que ver con el Tren de Aragua. Eso es básicamente control del orden público y, eventualmente, criminalización de la protesta social”, enfatizó.
Asimismo, alertó que las limitaciones a la libertad de opinión, prensa y reunión podrían usarse para contener el descontento ciudadano, aludiendo a que estas medidas “no están dirigidas al narcotráfico o al terrorismo. Son cuestiones que están dirigidas a controlar a la oposición, a controlar el malestar social”.
Finalmente, Bassa acusó al Gobierno y al Partido Republicano de promover esta deriva autoritaria, a la que, según él, también se estaría uniendo la derecha tradicional. A pesar de sus críticas, el diputado manifestó su disposición a debatir nuevas herramientas contra la criminalidad, siempre que el foco incluya la prevención, rehabilitación y reinserción, y no se limite solo al castigo y encarcelamiento.
