Una disputa inusual enfrenta al Club Aéreo de Puerto Montt con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeródromo Marcel Marchant Binder, conocido como La Paloma. El Club Aéreo ha advertido que expulsará a la DGAC del recinto si esta avanza con su plan de reemplazar el actual Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) por una Torre de Control (TWR).
La advertencia se formalizó el 7 de agosto mediante una carta dirigida al director general de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández Pittari. En el documento, el directorio del Club Aéreo de Puerto Montt, presidido por Héctor Alvarado Navarrete, reconoce las atribuciones de la DGAC para controlar y fiscalizar aeródromos y organizar el tránsito aéreo. Sin embargo, enfatiza que estas facultades:
“no confieren a la DGAC un derecho real, personal ni administrativo para ocupar gratuitamente y por tiempo indefinido un inmueble ajeno, ni autorizan a transformar unilateralmente el destino específico para el cual el propietario permitió dicha ocupación”.
La iniciativa de la DGAC busca mejorar el control operacional en La Paloma, uno de los aeródromos más activos del sur del país. Fuentes de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío señalan que diversos organismos estatales, incluida la Contraloría General de la República, han urgido a fortalecer la “trazabilidad de los vuelos” para que la autoridad pueda identificar con certeza a los pasajeros y la carga que transitan por el aeródromo.
El aeródromo registra aproximadamente 80 movimientos diarios, que incluyen vuelos comerciales, ambulancias aéreas, escuelas de vuelo, helicópteros y aviación ejecutiva y general. Este alto volumen de operaciones llevó a la DGAC a determinar que el sistema AFIS actual ya no es adecuado para gestionar una operación tan compleja.
La DGAC ha respondido con firmeza, indicando en un oficio al Club Aéreo que:
“las cuestiones relativas al dominio o al título de ocupación no pueden alterar la titularidad ni el ejercicio de potestades conferidas directamente por la ley”,
descartando que un conflicto patrimonial impida el cumplimiento de sus atribuciones en materia de seguridad operacional y organización del tránsito aéreo. La institución subraya que la participación del propietario es necesaria para la administración del inmueble, pero esto “no transforma dichas potestades en materias sometidas a autorización, negociación o veto de los particulares sometidos a ellas”, reafirmando que la decisión sobre el nivel de servicio es exclusiva de la Autoridad Aeronáutica.
Respecto al uso del terreno, la DGAC admite que sus facultades regulatorias no otorgan un derecho de ocupación indefinida sobre propiedad privada, pero niega que el comodato se extinga automáticamente por el cambio de AFIS a Torre de Control. Argumenta que esta controversia debe resolverse por vías legales distintas sin afectar las decisiones de seguridad operacional. La autoridad también rechazó la advertencia del Club de impedir el acceso a sus funcionarios, calificándola de “no compatible con el deber de preservar la continuidad y seguridad de los servicios aeronáuticos”.
Ambas partes tienen programada una reunión este martes, donde se espera que se defina el futuro de uno de los aeródromos con mayor movimiento en la región.
