El Tribunal Constitucional (TC) recibió este jueves los alegatos finales por los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra diversos artículos de la megarreforma del Gobierno. Tras la audiencia, el Pleno del TC deberá resolver si las normativas tributarias y ambientales cuestionadas se ajustan a la Carta Magna.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la propuesta de invariabilidad tributaria por hasta 20 años para ciertas inversiones, el sistema de restitución de gastos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anuladas, y otras modificaciones en materia ambiental.
El abogado Jorge Correa Sutil, en representación de los senadores requirentes, argumentó contra los artículos 29 y 38, que establecen la invariabilidad tributaria por periodos de 10, 15 y hasta 20 años. Correa Sutil enfatizó que:
“Una ley que impida a la nueva legislatura modificarla, es contraria a la democracia”.
Explicó que una mayoría política no puede usar contratos para bloquear futuras modificaciones legislativas sobre reglas tributarias. Aclaró que el objetivo del requerimiento no es impedir la reducción de impuestos del gobierno actual, sino cuestionar si esa rebaja puede extenderse por 10, 15 o 20 años.
Por su parte, el abogado Arturo Fermandois defendió la constitucionalidad de las disposiciones en representación del presidente José Antonio Kast. Fermandois solicitó al TC rechazar los tres requerimientos, respaldando tanto la invariabilidad tributaria como el régimen de restitución por RCA anuladas. Argumentó que los constantes cambios impositivos generan inestabilidad para los inversores.
“Del año 2000 hasta hoy hay 20 proyectos de reforma tributaria (…) Pero esto produce un problema de inestabilidad. Entonces el inversionista extranjero quiere tener más recursos. Pero quiere tener más certeza”, sostuvo.
Sobre la restitución por RCA anuladas, Fermandois descartó que desincentive la acción estatal, señalando que, a su juicio, “se incentiva el cumplimiento de la ley en la evaluación ambiental”. Al finalizar la audiencia, mostró confianza en la defensa, pero sin adelantarse al veredicto del TC.
La abogada Catalina Salem, representando al Senado, también defendió las normas aprobadas por el Congreso. Afirmó que el Senado actuó dentro de su competencia para legislar sobre política fiscal. Salem indicó que las mayorías actuales pueden establecer políticas para fomentar inversión y empleo, sin que esto impida a futuras legislaturas revisarlas, derogarlas o modificarlas.
Ahora, el Pleno del Tribunal Constitucional tiene la tarea de deliberar sobre los argumentos presentados y emitir su fallo, que podría ser comunicado inicialmente como resultado antes de la sentencia final, según explicó Fermandois.
