Las dificultades económicas en San Bernardo han escalado más allá de los balances financieros, manifestándose en embargos que afectan directamente el patrimonio de la comuna. Una investigación de Radio Bío Bío reveló que sedes comunitarias, cuentas bancarias destinadas a salud y un liceo han sido objeto de acciones judiciales debido a deudas municipales y de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber).
La crisis es de larga data. Una auditoría de Contraloría ya había advertido que en 2022, Corsaber suscribió convenios colectivos por $3.389 millones, pese a registrar un saldo negativo de $3.421 millones. Además, se detectaron pagos de más de $140 millones en intereses, reajustes y multas por cotizaciones previsionales y de salud impagas a tiempo.
Entre los casos más críticos, un centro educacional acumula 23 embargos. Las deudas provienen principalmente del Caso MIVA, relacionado con el impago a guardias de seguridad subcontratados, y de juicios del Colegio de Profesoras y Profesores por incumplimientos en beneficios laborales.
Aunque se ha intentado argumentar la inembargabilidad de ciertos bienes municipales, los tribunales han respaldado a los demandantes en la mayoría de los casos. Han sostenido que los inmuebles afectados no son indispensables para la labor del municipio, indicando la necesidad de que las municipalidades cumplan con sus obligaciones contractuales.
El director jurídico de la Municipalidad de San Bernardo, Álvaro González, aseguró que “ninguna sede social se va a perder ni será rematada, ya que nos encontramos tomando todas las medidas necesarias para poner fin a los distintos juicios. Es muy importante hacer presente que estos procesos judiciales no se originan por incumplimientos de la Municipalidad, sino por graves faltas de la empresa MIVA con sus trabajadores, entre ellas el no pago de remuneraciones y cotizaciones. Posteriormente, por las normas de responsabilidad subsidiaria y/o solidaria, la acción también recayó sobre el municipio. Como Municipalidad tenemos el deber de defender los recursos de todos los vecinos. Por eso hemos cumplido las resoluciones judiciales, pagado las liquidaciones y estamos avanzando en cada sentencia y buscando acuerdos que permitan cerrar los procesos. Debemos cuidar los recursos fiscales y responder únicamente por aquello que legalmente corresponde. Los embargos han sido recurridos y algunos incluso dejados sin efecto. Además, hemos instruido sumarios administrativos y existe una querella criminal para esclarecer eventuales responsabilidades y proteger los intereses de San Bernardo”.
La situación genera un precedente para la gestión de deudas en municipios, donde la justicia ha dictaminado que el cumplimiento contractual prevalece, incluso cuando hay bienes de uso público en riesgo. El municipio afirma estar tomando acciones legales y administrativas para revertir los embargos y defender los intereses de la comunidad.
