Organizaciones ambientalistas, entre ellas ONG FIMA, AIDA, Fundación Terram y Greenpeace, presentaron este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) sus objeciones a las normativas ambientales incluidas en el proyecto de Ley de Reconstrucción, conocido también como “megarreforma” o “Ley Miscelánea”. Durante la sesión, las entidades de la sociedad civil expusieron los posibles impactos jurídicos y prácticos de las disposiciones impugnadas.
Los organismos advirtieron que las modificaciones propuestas podrían mermar la prevención del daño ambiental, limitar el acceso a la justicia y representar un retroceso en los estándares de protección ambiental actualmente vigentes en el país.
En particular, el director de ONG FIMA, Ezio Costa, señaló que las enmiendas debilitan la capacidad preventiva del Estado y restringen las vías para que los ciudadanos se opongan a proyectos que impactan negativamente sus territorios y calidad de vida.
“Hay una vulneración de la capacidad de prevención que debe tener el Estado para evitar daños al medio ambiente y a la salud de las personas. Además, hay un bloqueo en el acceso a la justicia ambiental, que impide que las personas se manifiesten en contra de proyectos que afectan su vida y entrega un regalo regulatorio a empresas que hacen las cosas de manera ilegal. Eso nos parece inconstitucional y muy improductivo para el país”
La abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Cristina Lux, examinó las regulaciones sobre la micro-relocalización de centros salmoneros y la indemnización a titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anuladas judicialmente. Su análisis se centró en la perspectiva del derecho internacional y los compromisos que Chile ha asumido en acuerdos internacionales.
Lux enfatizó que el principio de no regresión ambiental está reconocido en diversas normativas y compromisos chilenos, como la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú. Destacó que este estándar ha sido ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias como la OC-23/17 y la OC-32/25.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, criticó una disposición del proyecto que permitiría el traslado de concesiones salmoneras hasta 350 metros sin requerir una evaluación ambiental, incluso si estas se encuentran dentro de áreas protegidas. Para la organización, esta medida vulneraría la protección constitucional del medio ambiente y el principio de igualdad ante la ley, al otorgar un beneficio exclusivo a un sector específico.
“Permitir que una concesión salmonera se traslade 350 metros, dentro o fuera de áreas protegidas y sin evaluación ambiental, constituye un premio para una industria que registra numerosos incumplimientos. Es un beneficio que no tienen otras actividades: imaginemos que a un relave se le permitiera moverse 350 metros sin evaluación ambiental. Por eso creemos que este artículo es inconstitucional”
Finalmente, Roxana Núñez, de Greenpeace, abordó las micro-relocalizaciones desde la perspectiva del Acuerdo de Escazú y de los principios preventivo, precautorio y de no regresión ambiental. La abogada recordó que la Constitución obliga al Estado no solo a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sino también a proteger la naturaleza.
