La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de legislar el proyecto del Gobierno que busca acelerar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular. La medida fue aprobada por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, pese a las objeciones previas de la Corte Suprema.
El proyecto llegó a una comisión mixta luego de que el Senado rechazara una enmienda que extendía el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país para los expulsados a cinco años, superando los tres años que estipula la ley actual. En la Cámara Baja, se debatió además la posibilidad de ampliar el tiempo de retención para los migrantes irregulares que deben ser expulsados.
El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución y miembro de la Federación Regionalista Verde Social, destacó la buena recepción parlamentaria de la iniciativa. Explicó que el objetivo es permitir que el poder ejecutivo o judicial pueda retener a un extranjero a la espera de su expulsión por un período superior a los cinco días que fija la normativa vigente.
“Busca que el ejecutivo o poder judicial, cuando decrete una expulsión administrativa y un extranjero tenga que irse del país, pueda ser retenido por más de 5 días, que es lo que establece la ley. Hay en general buena disposición para aumentar el plazo”
Por su parte, el diputado del PPD, José Montalva, subrayó la importancia de mantener la celeridad en las expulsiones administrativas. Sin embargo, sugirió que solo en circunstancias excepcionales se debería considerar la ampliación de los plazos de retención, siempre y cuando existan razones justificadas y control judicial.
Las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto abarcaron tanto aspectos de forma como de fondo, lo que llevó a la eliminación de algunas regulaciones. La Corte Suprema ya había manifestado sus reparos, alertando sobre inconsistencias con el proceso penal y demandando claridad sobre las facultades de los jueces de garantía para autorizar ingresos a domicilios en el marco de estas expulsiones.
La aprobación en general representa un avance significativo para el Gobierno en su intento por optimizar los procedimientos migratorios, aunque aún quedan aspectos cruciales por definir y conciliar con las observaciones del máximo tribunal.
