La Contraloría General de la República ha detectado serias anomalías en la Municipalidad de Tierra Amarilla. Una fiscalización reciente reveló incumplimientos en la jornada laboral y el control de asistencia de los funcionarios, afectando la continuidad del servicio público y el uso de recursos.
Según el Informe Final de Inspección en Terreno N° 187 de 2026, el municipio autorizó un “cambio de actividades” el 6 de marzo de 2026 por el Día Internacional de la Mujer. Esta medida, amparada en el decreto alcaldicio N° 937, permitió la salida anticipada del personal desde las 14:00 horas, a pesar de no existir una normativa legal que justificara dicha suspensión.
La inspección de la Contraloría verificó que, durante la tarde de ese día, gran parte de las dependencias municipales estaban vacías, con la excepción de equipos de Finanzas, Tesorería y el administrador municipal subrogante. Los únicos eximidos de esta medida eran quienes cubrían urgencias de salud y servicios básicos, lo que pone en entredicho la operatividad del municipio.
La revisión del sistema de control horario también arrojó irregularidades significativas. De un total de 349 funcionarios, solo 173 registraron su ingreso, y de estos, 127 no marcaron su salida. Además, 47 personas figuraban como ausentes y 49 no tenían registro alguno de asistencia.
Un funcionario consultado durante la fiscalización admitió que se les instruyó no marcar la salida, justificando la acción por las reducciones de jornada autorizadas. Esta práctica contraviene el reglamento interno municipal, que exige el registro tanto de entrada como de salida.
La Contraloría recordó que, si bien los municipios pueden realizar actividades conmemorativas, estas no deben suspender la atención al público, liberar al personal de su jornada laboral ni omitir los controles de asistencia. Tales acciones exceden las atribuciones legales y comprometen la continuidad del servicio.
Dado que la Municipalidad de Tierra Amarilla no presentó descargos ni respondió al preinforme, la Contraloría ratificó sus objeciones. Se ha ordenado al municipio acreditar, en un plazo de 30 días hábiles, el reintegro de las horas no trabajadas por los funcionarios involucrados, buscando así regularizar la situación y evitar futuras irregularidades.
