El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó que los proyectos de corredores de transporte público para la ruta 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano mantendrán tanto su diseño original como los plazos de ejecución previstos. Esta declaración se produce tras la controversia generada por la decisión inicial del gobierno de paralizar las licitaciones, para luego revertirla.
De Grange defendió el cambio en la modalidad de financiamiento, pasando de un sistema de concesión a la asignación de recursos directos por parte de Vialidad. Aseveró que “La decisión es la correcta”, durante una reunión en la región del Bío Bío con el gobernador Sergio Giacaman, parlamentarios y alcaldes de la zona. En dicho encuentro, el ministro también informó sobre una cartera de proyectos que supera los 3 mil millones de dólares en los próximos tres años de gobierno para la región.
El tema central fue el futuro de los corredores del transporte público en el Gran Concepción. El gobierno había suspendido los procesos de licitación, pero ante las críticas, echó pie atrás. Ahora, las iniciativas seguirán adelante, pero con financiamiento directo del MOP. El ministro aseguró que los proyectos mantendrán su diseño, los plazos de ejecución y la generación de empleos tal como estaban planificados inicialmente.
“El proceso original del proyecto consideraba que los estudios de ingeniería se realizaban en los años 2027 y 2028, es decir, son dos años completos asociados solo al estudio de ingeniería y a todos los trámites asociados a los permisos que requiere el proyecto. Posteriormente, empiezan las obras y se esperaba que, en el mejor de los casos, en las condiciones originales del proyecto, el proyecto estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031. Esos plazos se mantienen”, enfatizó De Grange.
Además, reforzó la idea de continuidad: “Los equipos técnicos están comprometidos y damos garantías de que los plazos se mantienen respecto a las distintas etapas, que son la ingeniería, la ejecución de la obra y la puesta en marcha”.
Sobre la modificación en la forma de financiar, el biministro explicó que, si bien las concesiones han sido clave para el desarrollo de infraestructura, en este caso particular “era preferible ser revisado y modificado por una obra pública que gestione directamente el Ministerio de Obras Públicas”. Destacó que los estudios de ingeniería aún no han iniciado bajo el esquema de concesiones y que restan “dos años enteros de estudios de ingeniería que, además, van acompañados de todos los trámites para avanzar en los permisos”.
El MOP insistió en que la decisión del Gobierno busca “usar de forma adecuada el presupuesto de todos los chilenos de la forma más eficiente”, argumentando que las condiciones de este proyecto lo hacen más apto para ser ejecutado directamente por la Dirección de Vialidad.
Respecto a la posibilidad de demandas por parte de la empresa que había avanzado en la licitación, De Grange respondió que “los temas de litigios siempre ocurren en materia de infraestructura, no solo en este caso, podrían ocurrir a futuro”, pero afirmó tener la convicción de que la decisión es correcta tanto desde el punto de vista ingenieril como jurídico. Añadió que “todavía no ha salido el decreto de adjudicación”, lo que implicaría que la empresa no ha sido formalmente notificada.
La polémica también levantó dudas sobre la certeza jurídica para las alianzas público-privadas. El ministro fue categórico al señalar que “por supuesto que la certeza jurídica existe” y recalcó que la colaboración público-privada es “uno de los productos exportables que tenemos”, el cual continuarán fortaleciendo e impulsando.
