La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), recientemente detallada por el presidente José Antonio Kast, se posiciona como la principal prioridad legislativa del Gobierno. Este plan busca abordar la seguridad desde una perspectiva integral, incluyendo reformas constitucionales y herramientas operativas para las fuerzas policiales y el sistema judicial.
El corazón de la ACOT es una reforma constitucional orientada a la seguridad, que busca consolidar la protección ciudadana como un deber fundamental del Estado. Esta reforma propone la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y tipifica la pertenencia a estas estructuras como un delito autónomo. Además, se plantean cárceles especiales para los condenados por crimen organizado, un nuevo estado de excepción para la seguridad pública y mecanismos más rigurosos para la incautación de bienes ilícitos.
Un conjunto de leyes complementarias fortalecerá estas medidas, modificando las penas existentes, estableciendo un régimen penitenciario particular y permitiendo el congelamiento patrimonial de los investigados. La minuta interna del Gobierno subraya que:
“el que pertenezca a una organización criminal cometerá un delito por ese solo hecho, cumplirá su condena en un régimen más estricto y perderá los bienes que amasó delinquiendo. Al crimen organizado se le gana cortándole el dinero y el territorio”.
En cuanto a la recuperación de activos, la agenda contempla la creación de una Agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos. Esta nueva entidad estatal tendrá la autoridad para liquidar y destruir propiedades vinculadas al crimen organizado. El documento gubernamental enfatiza:
“nadie va a seguir paseándose en autos comprados con plata del narco mientras sus vecinos trabajan honradamente para llegar a fin de mes. Los bienes del delito se incautan, se liquidan y se destruyen: el crimen deja de ser un negocio rentable en Chile”.
Otras iniciativas incluyen una ley anti barricadas, que penaliza el corte de tránsito sin necesidad de probar violencia, y la política “Frontera Cero”. Esta última permite a Carabineros y la PDI operar en una zona primaria fronteriza sin autorización de Aduanas, y establece el comiso irrevocable y la destrucción de bienes ingresados ilegalmente, eliminando la práctica anterior de “pagar y recuperar”.
Para la investigación criminal, la ACOT habilita a LABOCAR y LACRIM con una cadena de custodia clara. Se faculta a las policías para colaborar en la destrucción in situ de cargamentos de drogas superiores a 5 kilos, siempre bajo control judicial. También se prevé una mejora salarial para los funcionarios de la PDI.
Dos Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC) adicionales complementan el plan: una para regular la colaboración entre Fuerzas Armadas y policías en estados de excepción, y otra que transformará a Gendarmería en una dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. El Ejecutivo también planea el cierre inmediato y la destrucción de las máquinas de azar ilegales.
El Gobierno ya impulsa una decena de proyectos urgentes, como el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que eleva a rango legal las normas de actuación policial y otorga presunción de legalidad. Se trabaja en la carrera de Carabineros, con mejoras salariales y una gratificación de riesgo de hasta el 100%, y se regula la legítima defensa en franco para quienes protejan vidas. En migración, la ACOT amplía la retención migratoria hasta la expulsión y tipifica como delito el transporte interno de migrantes irregulares, perfeccionando la expulsión administrativa.
