El presidente José Antonio Kast presentó este miércoles una ambiciosa agenda de seguridad en cadena nacional, que incluye cerca de una treintena de proyectos. La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) busca reformar la legislación para combatir el delito, con iniciativas que van desde la ampliación de la flagrancia hasta la consagración de la seguridad como un deber constitucional del Estado.
Durante su intervención, el mandatario destacó avances preliminares en la reducción de homicidios y robos violentos, y fijó un plazo perentorio para el Congreso: la aprobación de estas herramientas legislativas antes de Navidad. Kast enfatizó que “el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten”, refiriéndose a un contexto de más de 1.000 homicidios anuales y 218 mil robos violentos solo el año pasado.
Frente a este escenario, el gobierno de Kast implementó un plan operativo estructurado en tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Los resultados presentados al 26 de julio incluyen una baja del 18,7% en homicidios (112 víctimas menos), una caída del 45% en secuestros y una disminución de más de 7 mil robos violentos. Además, se registró un descenso del 86,5% en ingresos irregulares por fronteras y un aumento del 60% en incautación de droga, junto con una reducción del 18,8% en la violencia en la Macrozona Sur.
«Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas», afirmó Kast al anunciar un “paso adicional” para consolidar la seguridad.
El primer eje, “perseguir sin descanso”, contempla el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, combinando patrullaje, tecnología y copamiento. El objetivo es desarticular organizaciones criminales completas, persiguiendo a líderes, cómplices, encubridores y testaferros, sin que nadie pueda “esconderse detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso”.
En el eje “capturar sin excusas”, se propone ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, reforzando las capacidades policiales para detener a los responsables. También se fortalecerá la retención migratoria ilegal y la expulsión efectiva de quienes no tienen derecho a permanecer en el país, además de intensificar el control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico.
El tercer eje, “juzgar con todo el peso de la ley”, busca proteger a carabineros, policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa, evitando que sean tratados como delincuentes. Se criminalizará la obstrucción ilegal de vías públicas con barricadas o vehículos, y se aplicarán sanciones agravadas y sin atenuantes a quienes recluten menores de edad para actividades delictivas.
Finalmente, bajo el eje “condenar sin beneficios”, el presidente anunció una reforma constitucional para establecer la seguridad como un deber explícito del Estado, lo que permitiría un marco de acción más amplio. Pertenecer a una organización criminal, por sí solo, será considerado un delito.
