Tribunal rechaza internación de alumno que agredió y amenazó a compañeros y docentes en Osorno

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El Juzgado de Garantía de Osorno, en la región de Los Lagos, rechazó la petición de la Fiscalía de aplicar internación provisoria a un estudiante de 15 años del Liceo de Rahue. El adolescente agredió a una compañera, amenazó a otros alumnos, docentes y directivos del centro educativo, e intentó atacar a un funcionario de Carabineros durante su detención.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el joven usó dos destornilladores para proferir amenazas de muerte a varios estudiantes y miembros del personal del establecimiento. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, detalló que el imputado, de nacionalidad venezolana, golpeó en la cabeza y el tórax a una compañera de curso, también de 15 años.

Además, el adolescente le advirtió que poseía armas de fuego y cortantes en su domicilio, las cuales usaría para matarla. Otros compañeros intervinieron en defensa de la alumna, siendo también amenazados con un desatornillador.

Señalaba que él tiene armas de fuego en su casa y que vendría a ‘agarrarlos a balazos a todos’.

La persecutora explicó que el alumno abandonó el liceo y regresó minutos más tarde con un destornillador de mayor tamaño, con el que amenazó al director, profesores y otros alumnos. Cuando personal de Carabineros llegó al lugar, a solicitud del director, el acusado reaccionó violentamente, intentando agredir a los agentes con el destornillador. Uno de los carabineros logró reducirlo para efectuar la detención.

Por estos hechos, el joven fue llevado a control de detención y formalizado por los delitos de amenazas y contra la autoridad de Carabineros. En la audiencia, la Fiscalía solicitó la internación provisoria del imputado y la prohibición de acercarse al establecimiento, peticiones que fueron denegadas por el tribunal.

En su lugar, se decretó la prohibición de acercarse a los estudiantes afectados, a los docentes y al director del liceo. Además, el joven deberá someterse a programas del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La investigación tiene un plazo de 60 días, y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos contactará a los afectados por las amenazas.

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