El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el Ejecutivo ingresará un tercer veto a la denominada “megarreforma”, específicamente a la norma que establece el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La declaración de Alvarado se dio en el contexto de la última votación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado. Esta votación es crucial, ya que definirá el mecanismo de financiamiento para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
El secretario de Estado enfatizó que el Gobierno busca cumplir con su compromiso de compensar en un 100% a los municipios. Este compromiso busca evitar que las comunas pierdan ingresos a partir de 2027, cuando entre en vigencia la exención de contribuciones.
“El compromiso fue compensar en un 100% a los municipios respecto a su eventual pérdida de ingresos por personas que se acojan a partir del 2027 a la exención de contribuciones. Por lo tanto, tal como lo pedían los alcaldes en su minuto, ningún municipio va a perder ningún peso por la entrada en vigencia de esta ley”, afirmó Alvarado.
Alvarado también se refirió a la propuesta del alcalde de Huechuraba, Max Luksic, quien planteó la posibilidad de destinar los permisos de circulación al Fondo Común Municipal para su redistribución. Sin embargo, el biministro instó a separar esta idea de la discusión actual en el Senado, calificándola como “otra discusión distinta”.
Los vetos presentados por el Ejecutivo ya confirmados son dos: uno sobre el olvido financiero y otro que busca poner fin al anatocismo, este último con fecha de ingreso para el miércoles. El anuncio de un posible tercer veto al pago a pymes añade un nuevo elemento a la discusión.
“Es altamente probable que evaluemos y resolvamos colocar un tercer veto que dice relación con el pago a 30 días (a las pymes)”, aseguró Alvarado.
La votación de este martes en el Senado determinará si se aprueba el informe de la Comisión Mixta sobre la compensación fiscal a los municipios. En caso de rechazo, el Gobierno deberá explorar otras vías para asegurar los recursos, como una ley corta, un veto aditivo, o una glosa en la Ley de Presupuesto 2027, cuya discusión comenzará en septiembre.
