Las incautaciones de armamento argentino en territorio chileno han mostrado un aumento sostenido en los últimos años, revelando un flujo constante que incluye incluso material de uso policial y militar del país vecino. Un caso reciente que ejemplifica esta situación fue la detención de dos individuos por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Florida, quienes comercializaban drogas y armas de fuego. Entre lo incautado, destacó una subametralladora que portaba el sello de la Policía Federal de Argentina.
De acuerdo con cifras obtenidas, entre 2022 y la actualidad, se han confiscado un total de 1.144 armas de origen argentino en Chile. De estas, al menos 40 fueron identificadas como pertenecientes a la Policía Federal o a las Fuerzas Armadas trasandinas, un dato que subraya la gravedad de la situación.
El análisis de los números muestra una clara tendencia al alza en la incautación de armas de fuego de manufactura argentina. En 2022, se registraron 215 armas, cifra que ascendió a 267 en 2023. A pesar de una ligera disminución a 259 en 2024, el punto más alto se alcanzó en 2025 con 280 armas incautadas. Solo en 2026 se observa un descenso a 123, marcando el valor más bajo de la serie presentada.
En cuanto a las armas con cuño de la policía o las Fuerzas Armadas argentinas, su presencia se mantuvo relativamente estable en los primeros años. En 2022 y 2023, se contabilizaron 8 armas en cada período. La cifra subió a 9 en 2024 y llegó a su máximo en 2025 con 10 unidades. Sin embargo, en 2026, la cantidad disminuyó a 5 armas, siendo este el nivel más bajo de toda la serie.
Este incremento en el flujo de armamento desde Argentina hacia Chile, incluyendo el de fuerzas de seguridad, plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la efectividad de las medidas para contener el tráfico ilegal, un problema que impacta directamente en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.